La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), dijo ayer que el Código Procesal Penal, con la entrada en vigor de las observaciones, obliga al Estado y a la justicia a jugar un rol más activo frente a las invasiones de tierras en el país.La institución aseguró a través de su vicepresidente Servio Tulio Castaños Guzmán que antes las ocupaciones ilegales de terrenos se consideraban como un delito de carácter privado, pero han pasado a ser de tipo público, lo que implica que el Estado tendrá que ser mucho más activo y dar las debidas garantías para cuando se presenten situaciones de esa naturaleza.
“Eso de las invasiones de tierra ha generado preocupaciones que son muy válidas no solo entre los inversionistas, sino en personas que tienen inmuebles o determinadas parcelas y les son ocupadas por bandas, que operan muchas veces con el consentimiento del Estado”, advirtió Castaños Guzmán en una conversación con elCaribe.
La reacción de la Finjus parte de una cuestión muy puntual: Si bien querer adueñarse de terrenos que son ajenos se ha convertido en una especie de cultura en el país, entre 2013 y 2014 esa práctica se incrementó. Y justamente elCaribe ha publicado varios artículos esta semana sobre ese tema.
Castaños Guzmán dejó claro un elemento que a muchos asusta. “Es cierto que eso ahuyenta la inversión, porque se trata de un tema que atenta contra la seguridad jurídica”, expuso. Castaños Guzmán es abogado y conoce del tema.
Partiendo de ese conocimiento es que, según plantea, no se explica que una persona que invierte su dinero aquí luego vea que esas inversiones son afectadas porque sus terrenos son invadidos, muchas veces por mafias que operan desde el propio Estado, con la intervención a veces de sectores ligados a la política, policías y otros. “Esa es una realidad que está ahí”, indica.
Y agrega que “el hecho de que el Código Procesal comience ya a ser implementado, en lo que fueron sus modificaciones, incluyendo las observaciones del presidente, va a resolver, digamos eventualmente el problema, que fue precisamente el espíritu que tuvo el legislador, porque era una situación que se venía dando”. El martes, representantes de los sectores turístico y de los hacendados y agricultores del país advirtieron que las invasiones ilegales de tierras constituyen uno de los temas que generan más preocupación e inquietudes en los inversionistas de ambos ramos. De hecho, el presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), Ricardo Barceló, informó de un diagnóstico preparado en 2014 por esa agrupación, denominado “Problemáticas de la Protección y Gestión del Patrimonio Inmobiliario en República Dominicana”, donde deja prácticamente al desnudo la magnitud del problema.
Mientras, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), Arturo Villanueva, aseguró a elCaribe que “se trata de un asunto” que esa institución ha estado denunciando, porque atañe a la seguridad jurídica. “Genera inquietud el hecho de que se adquieran terrenos, sobre todo para inversiones futuras, y que luego se produzcan invasiones de esas tierras. Ha pasado en ocasiones”, dijo Villanueva.
“La ley es clara en cuanto a la propiedad privada. Yo no puedo decir que las quejas entre los asociados a Asonahores son frecuentes. pero sí son puntuales”, agregó.
¿Quién detiene el delito para cuidar marca-país?
Entre 2013 y 2014 fueron pocos los meses, por no decir semanas, que quedaron libres de las citadas acciones ilegales. La situación no es exclusiva de un punto geográfico. Las invasiones de terrenos, en algunos casos encabezados por turbas que hacen negocio con eso, y en otros por denominados “padres de familia”, pueden darse tanto en el Sur, como en el Este o en el Norte del país. Y pueden darse tanto en terrenos del Estado como privados.
