La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que el asalto y agresión a la jueza Aleyda Jiménez, presidenta del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Judicial Duarte de San Francisco de Macorís, es un retrato del deterioro institucional del país.
En un comunicado, la fundación indicó además que esta acción refleja el hecho de que las prioridades del sistema político y el Estado no se corresponden con las demandas y expectativas de la población, que espera que se haga realidad la promesa constitucional de que sus derechos fundamentales y garantías sean resguardados y protegidos.
Recordó a hace más de un año, la propia magistrada reveló que estaba solicitando la asignación de un policía para su custodia, y que pese a todas las diligencias sólo había obtenido promesas.
“Por el carácter de sus funciones públicas, la magistrada califica sobradamente para que el Estado le garantice protección y la seguridad de que podrá realizar sus obligaciones sin miedo a las personas a quienes ella controla”, manifestó la Finjus.
Calificó como penosa la situación planteada cuando “miles de agentes policiales están asignados a políticos, empresas, particulares o mafiosos, a lo que sirven como chóferes, guardaespaldas, conductores de carritos de compra en los supermercados”.
“Situaciones como la descrita son las que refuerzan la convicción de la ciudadanía de que es urgente que el Estado, es decir, los poderes Ejecutivo y Legislativo, pongan más empeño para que los recursos que el sistema de justicia requiere sean asignados”, dijo.
Sostuvo que una lección que se deriva de hecho es que la seguridad ciudadana no mejorará mientras la institución policial no cuente con los recursos necesarios para ser eficiente y sea depurada a profundidad.
FINJUS expresó su solidaridad con la magistrada Jiménez y a todos los magistrados y servidores del sistema de justicia que realizan su labor, “pese al olvido y dejadez con los que el sistema político los trata”.
Por este hecho, el Comando Regional Nordeste de la Policía busca a un hombre y una mujer que le produjeron golpes diversos a la presidenta del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Judicial Duarte de San Francisco de Macorís.
