Finjus consideró que el Senado de la República debió analizar si el aumento de salario que hicieron es moral o no.En un documento donde analiza el alza de salario de los senadores, la Fundación Institucionalidad y Justicia plantea que la aplicación de cualquier norma, procedimiento, ordenanza o elemento inherente a la democracia formal, deberá realizarse siempre tomando en cuenta el contenido del Estado Social y Democrático de Derecho y el interés colectivo al que se representan.
“Es cierto que la ley 105-13 establece en su artículo 17, que el Ministerio de la Administración Pública queda facultado para revisar cada dos años y actualizar, si procede, las escalas salariales de los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo, tomando en cuenta para su indexación la tasa de inflación correspondiente publicada por el Banco Central”, señala el texto.
Finjus expresa su preocupación al respecto y llama a la sociedad dominicana a persistir en la construcción de marcos legales pero también éticos, para abordar problemas que, como el aumento a los senadores, tienen connotaciones que van más allá de lo legal.
Precisa que la misma ley matiza que deben argumentarse las razones por las cuales se autoriza el alza o no del sueldo de los funcionarios, en este caso de los senadores.
“De manera que, para cumplir con lo anterior, las reformas salariales han de ser integrales y no excluyentes de sector alguno, para que predominen los principios y valores que erigen nuestro modelo de Estado”, expresa uno de los párrafos del documento.
La Fundación Institucionalidad y Justicia manifiesta que jurídicamente procede, sin embargo, desde el punto de vista de los valores del Estado social y democrático de derecho, los senadores debieron de preguntarse si el aumento de salario, que cobrarán a partir de este mes, es moral o no.