La Fundación Institucionalidad y Justicia -Finjus- consideró este lunes que el proyecto del Poder Judicial para la modificación de la Ley 91-83 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana –CARD- , asigna a ese poder del Estado un conjunto de responsabilidades que sobrepasarían los límites de sus funciones legales y constitucionales.
La entidad entiende que la iniciativa limitaría las competencias que la Ley atribuye al Colegio como entidad corporativa profesional.
Para Finjus, la modificación de la Ley 91-83 que ordenó el Tribunal Constitucional es una magnífica oportunidad para que todos los sectores comprometidos con las reformas del sistema de justicia, reflexionen sobre los principales problemas que afectan este sistema y hagan sugerencias para establecer una agenda pública de los cambios prioritarias que se requieren para que el ejercicio de la abogacía sea más profesional, eficiente, ético y ajustado a las necesidades sociales, económicas y políticas del país en la actualidad.
En carta enviada al director de elCaribe, Osvaldo Santana, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Finjus, señaló que a que lo anterior implica, entre otros puntos, fortalecer la formación universitaria de los abogados.
También mejorar las alternativas disponibles para la actualización permanente de los profesionales del derecho; reforzar los mecanismos de supervisión, control, fiscalización del ejercicio de la abogacía por parte del CARD, al tiempo que este importante órgano se hace más eficiente, transparente y representativo.
