La Finjus advirtió sobre la crisis en el sistema de justicia inmobiliaria, debido al estancamiento y deterioro progresivo de los cambios introducidos por la reforma iniciada con la Ley 108 del año 2005. Mediante un documento enviado a los medios de comunicación, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) explicó que esa situación de crisis real en el sistema inmobiliario adquiere ribetes dramáticos al tomar en consideración el número de litis inmobiliarias por solapamientos que se encuentran en curso en el país y que podrían ocasionar que en menos de dos años colapse el sistema judicial inmobiliario.
Agregó que “si ese colapso se produjera, constituiría el más grave atentado a la seguridad jurídica y estabilidad económica que el país podría sufrir, con consecuencias catastróficas”.
Informó que, ante esa situación, entregó al presidente de la Suprema Corte de Justicia un informe sobre el impacto de algunos de los elementos centrales que hoy amenazan el proceso de modernización de la justicia inmobiliaria.
Manifestó que las posibles soluciones a las deficiencias de la justicia inmobiliaria deben ser abordadas con una visión integral, propositiva y participativa, de forma que los programas e iniciativas que se emprendan sean técnicamente depurados y estén socialmente legitimados, como resultado de un amplio consenso entre todos los sectores involucrados.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, expuso una serie de factores internos y externos al Poder Judicial que consideró han limitado el efecto de la reforma inmobiliaria, la cual debió tener un mayor impacto en la actualidad.
Entre estos factores destacó la falta de voluntad y resistencia de algunas autoridades locales de la Jurisdicción Inmobiliaria que, “en ciertos momentos, aun teniendo a su alcance las herramientas y el apoyo necesario para producir cambios, se han visto atrapados por lógicas parciales o particulares”, agregó.
Como causantes principales del incorrecto funcionamiento y regulación del sistema de justicia inmobiliaria citó las constantes dilaciones en los Registros de Títulos y la preocupante mora judicial de todo el sistema de justicia inmobiliaria. La larga duración de los procesos de deslinde. El traslado injustificado de técnicos especializados o su sustitución.
Debilidades en el sistema de estadísticas de los procesos técnicos y judiciales, que permitan a la sociedad tener una clara idea de los retos a enfrentar y soluciones a proponer. La no aplicación de un sistema de consecuencias ante las actuaciones indebidas de actores que tienen un rol preponderante en el sistema, como es el caso de los agrimensores, por ejemplo en los casos de expedientes desplazados por falta de capacitación o de manera intencional con fines ilícitos mediante acciones contra propietarios de terrenos registrados o en el ámbito de terrenos no saneados en las áreas protegidas, entre otras.
Indicó que tras las iniciativas encaminadas desde el 1997 para la reforma y modernización del sistema inmobiliario, se alcanzaron avances visibles, sin embargo, en el análisis de la situación actual resaltan problemas tales como el aumento de los expedientes, la falta de coordinación interinstitucional y la carencia de recursos.
