La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) destacó que el Congreso solo puede examinar los artículos referentes al aborto que fueron observados por el Poder Ejecutivo a la ley sobre el Código Penal Dominicano.
En un comunicado, la entidad manifestó su preocupación ante los “comentarios de algunas personas” de que los legisladores aprovechen la discusión del Código para “introducir otros cambios”.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, reiteró que solo pueden ser examinados los artículos sobre los cuales recayó la observación, “quedando así vedado que el Congreso pueda enmendar durante este trámite aquellas partes del articulado de la ley que no hayan sido observadas”.
El pasado viernes, el presidente Danilo Medina observó los artículos 107, 108, 109 y 110, a la ley que estatuye el Código Penal, relativos a la tipificación penal de la interrupción del embarazo por considerar que carecen de precisión y con ello podrían afectar tanto a la mujer embarazada como a los profesionales de la salud. “La Cámara que recibe la observación presidencial debe colocarla en la agenda del día y conocer exclusivamente los artículos señalados por el Poder Ejecutivo, pudiendo reiterar su aprobación tal como fue originalmente votada o acoger la observación”, explicó.
Finjus destacó que este acto está amparado en el artículo 102 de la Constitución y “constituye un mecanismo institucional que permite al Presidente participar en el proceso legislativo con propuestas puntuales de enmienda o modificación al articulado de las leyes”.
Advirtió que los cambios fuera de los citados artículos constituirían una violación inaceptable al orden constitucional y sentaría un precedente cuyas derivaciones podrían ser altamente dañinas al régimen político y social.
Además, dijo que provocaría una alteración en el proceso legislativo, en la medida que el Presidente quedaría imposibilitado de ejercer su potestad de observación en relación a los contenidos modificados por el Congreso durante el conocimiento de la observación. Finjus ya había mostrado su respaldo a la aprobación del Código Penal y lo consideró como una “herramienta moderna” que sustituiría una normativa penal que ya cumplía los 130 años.
