El sistema vigente del financiamiento político público en la República Dominicana, es arcaico, ineficaz e imposibilita un uso adecuado de los recursos públicos, además de la ausencia de controles, políticas de transparencia y de rendición de cuentas.
La asignación a los partidos políticos supera en la asignación de fondos públicos del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Administración Pública y supera el presupuesto asignado a la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo, juntos, por señalar ejemplos mínimos.
No obstante el volumen de recurso público que manejan violan la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, que los obliga a rendir información a quien la solicite, incluyendo información sobre la identidad de los contribuyentes, origen y destino de los fondos de operación y manejo. Esta es la mejor evidencia de la opacidad y la falta de transparencia en el financiamiento político.
Por ello, hoy resulta fundamental insistir en la necesidad de una escrupulosa transparencia del dinero en la política e impedir la entrada del dinero sucio en el financiamiento político, además de impedir que los funcionarios que manejan recursos públicos los usen a su favor.
En ese sentido, una nueva legislación para regular el financiamiento político público debe prever prohibiciones expresas sobre: topes de Gastos %; restricciones en los gastos, establecer tipo y modalidad de su uso; excluir gasto de campaña para actividades clientelares o de lucro.
Además, el proceso de adopción de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es una oportunidad para adecuar nuestro marco jurídico a los estándares internacionales estableciendo recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), sobre todo por las características identificamos un importante volumen de Personas Expuestas Políticamente (PEP), como en los partidos políticos.
