El presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Fidias Aristy, dijo ayer tener disidencia con el proyecto de ley de Extinción de Dominio (decomiso civil de bienes ilícitos), por considerar que sería “trastornador” para el orden social del país.En tal sentido, sugirió que el anteproyecto, que es estudiado por la comisión de justicia del Senado de la República, sea ampliado en el marco de un análisis y revisado a fondo para ver hasta dónde afecta la seguridad jurídica y la presunción de inocencia, así como si colisiona con aspectos sustanciales de la Constitución.
Entiende además, que la iniciativa podría ser un elemento contrario al orden democrático, al tiempo que señaló que el delito debe ser necesariamente combatido con la Constitución y las leyes que están prácticamente oxidadas por “falta de uso”. Aristy recordó que la Carta Magna proscribe toda forma de corrupción y manda atacar el narcotráfico y los bienes generados por el ilícito.
Asimismo, el presidente de CND advirtió que no se puede utilizar el tratado de extradición para el júbilo de la delincuencia o para ocultar las debilidades instituciones.
“No es bueno considerar que la protección que tienen delincuentes, que han sido premiados con sentencias y decisiones, sobre todo en el territorio norteamericano, se deba a la extradición, se debe a nuestra incapacidad institucional. Nosotros cuando extraditamos lo que estamos haciendo es reconocer pura y simplemente la incapacidad de nuestros tribunales; nosotros pudiésemos juzgar aquí a esas personas y decomisarle sus bienes”, señaló.
Fiscal del DN
De su lado, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, se identificó con el anteproyecto de ley sobre Juicio de Extinción de Dominio, ya que vendría a fortalecer el combate a la criminalidad y el crimen organizado.
Similar opinión fue externada por el procurador adjunto Germán Miranda Villalona, encargado de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República.
Los tres hablaron en el Congreso Nacional, donde fueron invitados por la comisión de justicia del Senado para escuchar su parecer sobre ese proyecto legislativo.
