La comisión que estudió el proyecto de presupuesto rechazó transferir al Poder Ejecutivo los recursos usados por los legisladores en “programas sociales”.
a comisión bicameral que estudió el proyecto de Presupuesto General del Estado rechazó ayer la propuesta de transferir al Poder Ejecutivo los recursos utilizados por senadores y diputados en actividades asistencialistas (“barrilito” y “cofrecito”).
El presidente del organismo legislativo, el senador Dionis Sánchez, dijo que, en lo personal, la idea de la diputada Guadalupe Valdez no le merece ningún tipo de consideración. Según él, los RD$661 millones 982 mil que los congresistas reciben para supuestamente ayudar a los habitantes de sus respectivas demarcaciones son transparentes y no entran en conflicto con los mandatos de la Constitución de la República. “No nos merece ningún tipo de consideración esa petición. No la hemos visto, ni tampoco nos merece ningún tipo de precisión (…) No conozco fondo del barrilito. Conozco un fondo social del legislador”, expresó el representante de Pedernales por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Minutos después de hacer estas afirmaciones, Sánchez dijo a la diputada Valdez que su propuesta había recibido el rechazo consensuado de la comisión, lo que resulta falso si se toman en cuenta las declaraciones que previamente el senador ofreció a la prensa.
El representante de San Cristóbal, Tommy Galán, también salió en defensa del “barrilito”, y sugirió que los congresistas que deseen eliminarlo podrían dejar de cobrarlo para poner el ejemplo y adelantar la medida.
“En todas las instituciones siempre se ponen de manifiesto fondos de asistencia social. En todas, porque hay una responsabilidad social”, expresó el senador que ha defendido en varias ocasiones la política de austeridad del presidente Danilo Medina.
Alega manejo de fondos es inconstitucional
La semana pasada Guadalupe Valdez, diputada nacional por Alianza por la Democracia, envió a la comisión bicameral un documento en el que explica que la asistencia social no es una función constitucional del Poder Legislativo. Valdez recordó que, según el artículo 93 de la Carta Magna, el Congreso Nacional “legisla y fiscaliza en representación del pueblo”, y nada más.
