El exministro de Gobierno de facto de Bolivia Arturo fue imputado y detenido en el estado de Florida, EE.UU., acusado por lavado de dinero y corrupción, según informó este miércoles la Justicia de ese país.
Murillo, exfuncionario de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, es investigado por malversación de fondos públicos, a raíz de un informe que lo involucra en presuntos delitos de soborno, blanqueo de capitales y conspiración.
El exministro y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir coimas supuestamente pagadas por una empresa estadounidense e individuos, con el propósito de asegurar un contrato con el gobierno boliviano por la compra de gases lacrimógenos, y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos.
Además de Murillo, de 57 años, fueron detenidos Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal (51), exjefe de Gabinete de Murillo, y los ciudadanos norteamericanos Luis Berkman (58), Bryan Berkman (36) y Philip Lichtenfeld (48), señalados como partícipes en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020.
El comunicado precisó que las detenciones se produjeron en Florida y Georgia, entre el 21 y 22 de mayo pasados.
Paralelamente, Daniel Aliss Paredes, cuñado de Arturo Murillo, fue aprehendido horas atrás en Cochabamba, cuando retiraba dinero y objetos de valor de una caja de seguridad a nombre del exministro de Gobierno.
El actual titular de esa cartera, Eduardo del Castillo, informó este miércoles que el Ejecutivo boliviano pedirá la extradición del Murillo, Méndez y del exministro de Defensa Luis Fernando López, investigado en el mismo caso. Para la actual administración, los acusados forman parte de un “clan mafioso“.
Según la información de las autoridades bolivianas, Murillo se encuentra en EE.UU. desde el 12 de noviembre de 2020. Salió del país semanas después del triunfo del presidente, Luis Arce, en las elecciones de octubre.
Tanto él como López huyeron del país luego de que la Fiscalía boliviana emitiera sendas órdenes de aprehensión por la malversación de fondos en la compra del material antidisturbios que habrían hecho durante su gestión.
