Para obtener el título de licenciado en derecho, con una calificación superior a los 85 puntos, a Roberto Sánchez sólo le falta aprobar cuatro asignaturas. Pero el joven de 25 años, procedente de la provincia Sánchez Ramírez, no puede completar su objetivo porque el 20 de septiembre, junto a otros 11 estudiantes, fue expulsado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)por ocupar las instalaciones físicas de la vicerrectoría administrativa, en protesta por el aumento de precio de 52 servicios ofrecidos a la población estudiantil de bajos recursos.
Sánchez no se arrepiente de la acción que emprendió, por el contrario, denuncia que a él y a sus compañeros los sancionaron de manera sumaria y en base a argumentaciones falsas. Dijo que los ocupantes no causaron daños a puertas ni mobiliarios de la UASD, como se explica en el documento emitido por las autoridades.
Además, entiende que en su caso particular se violentaron doblemente los procedimientos de disciplina, porque nunca se tomó en cuenta su condición de miembro del Consejo Universitario, es decir, de autoridad elegida para representar, ante el alto órgano directivo, a todos los estudiantes de la universidad estatal.
“Fue una manera de reprimirnos políticamente hablando. No se cumplió a cabalidad lo que es el estatuto orgánico y los reglamentos disciplinarios de la universidad. Por eso fue que emprendimos un procedimiento legal en los tribunales de la República”, afirma el dirigente estudiantil que, antes de ser objeto de la más severa sanción de la UASD, había participado de las denuncias de corrupción levantadas contra la gestión del rector Mateo Aquino Febrillet.
Roberto Sánchez y algunos de sus compañeros de lucha fueron los responsables de solicitar formalmente a la Cámara de Cuentas una auditoría de las labores administrativas de Febrillet.
El caso de los estudiantes expulsados de la UASD el 20 de septiembre será conocido por el Tribunal Superior Administrativo el viernes 11 de enero del próximo año.
