La Cámara de Diputados analiza un proyecto de ley que procura prohibir por 10 años la exportación de metales desde el país y colocar en condición de robo agravado la sustracción de estas piezas.
La República Dominicana es víctima de robo de metales en varias estructuras que lo usan, como los puentes, rejas, entre otros. La acción, según cálculos, mueve alrededor de 73 millones de dólares.
El proyecto, que fue presentado por el diputado Carlos Gabriel García, procura enfrentar efectivamente el robo de metales y con la contemplación de robo agravado, elevar la condena desde cinco a 20 años de prisión, para las personas que sean sorprendidas cometiendo el delito.
“Es la única manera de frenar la ola delincuencia que está provocando el saqueo generalizado de todas las infraestructuras de metales, tanto pública como privada”, explicó García.
El diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) agregó que el mercado internacional está presionando a la República Dominicana y a demás países de la región a este lucrativo negocio.
“Esto no es un problema de colocar cámaras a los puentes, ni de provocar medidas que puedan ser disuasivas”, puntualizó García y dijo que está a la espera de que la comisión de Industria y Comercio rinda un informe favorable a este proyecto.
El negocio
Los registros estadísticos del Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD) indican que desde 1 de enero del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2011 el monto generado por la venta de desperdicios de hierro, acero, cobre, aluminio, bronce y zinc pasó de generar US$12.4 millones a US$155.4 millones, para una variación positiva de 1,149.5 por ciento.