Una campaña de descrédito o sucia se basa en mentiras o media verdades que el afectado no está obligado a responder, a menos que el silencio quiebre su reputación, más si se trata de alguien que ha sido presidente tres veces y aspira a una cuarta nominación, contra toda racionalidad democrática. El país ha sido testigo de algunas de las más desaprensivas, como aquellas que en su momento se tejieron contra el líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, de autorías bien conocidas. Pero más que una campaña lo que existe en el caso del narcotraficante Quirino Paulino Castillo, sentenciado a varios años de cárcel por un tribunal estadounidense, es una confesión de supuestos tratos con el expresidente Leonel Fernández, que éste no ha sabido o podido aclarar, pese a la gravedad del asunto.
La nota escrita enviada por el expresidente a los medios no lo es propiamente una aclaración ni tampoco desmiente los señalamientos del capo, quien ha dicho por escrito y en entrevistas a medios nacionales que le entregó doscientos millones de pesos para la campaña del 2004 y otros siete millones para una planta eléctrica para su fundación, la que, según algunos medios, habría sido desmantelada después de la revelación de las presuntas donaciones del narcotraficante.
Fernández se ha limitado a decir que las imputaciones son el fruto de su popularidad y que se enorgullece de que todo esto provenga de un criminal confeso.
No se trata solamente de la acusación de un capo de la droga que, efectivamente, Fernández extraditó. Un detective internacional que se dice ligado a las autoridades estadounidense ha intervenido diciendo que lo dicho por el narco está documentado y que las revelaciones pudieran indicar que Paulino Castillo estaría actuando bajo instrucciones del Departamento de Estado, lo cual hasta ayer lunes al mediodía, cuando escribía esta columna, no había sido desmentido por la embajada ni por el vocero del departamento en Washington.
