Es difícil sobrevalorar la enormidad de los retos fiscales de largo plazo en términos del monto recursos que necesitaría invertir el Estado a largo plazo para cumplir con los compromisos que ha asumido el Estado dominicano para con su población, en particular la más pobre y excluida. No se trata sólo de compromisos de tipo moral sino de también de obligaciones puras y duras asumidas en el marco de leyes nacionales y acuerdos y metas contraídos a nivel internacional.
Uno de los más apremiantes es lograr que toda la población esté cubierta por el Seguro Familiar de Salud (SFS). A más de una década de haberse iniciado la implementación del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, todavía cerca de tres millones de personas no tienen seguro de salud. Muchas de esas personas no están entre las más pobres, sino que de su situación de desprotección se deriva su condición laboral precaria e informal. Por esa razón, son terriblemente vulnerables y cualquier afección de salud importante las haría caer en la pobreza. Asegurar a esa población bajo el régimen subsidiado y con un aporte per cápita tan bajo como el actual (unos 205 pesos mensuales por persona) costaría más de 7 mil millones de pesos por año. Llevar el aporte per cápita de ese régimen a uno más razonable, digamos, al nivel del que prevalece en el régimen contributivo (835 pesos), en busca de financiar no sólo cobertura sino mejor servicio, llevaría el costo a casi 30 mil millones de pesos o casi 1% del PIB.
Otro compromiso establecido en la ley de la seguridad social es el de las pensiones solidarias que beneficiarían a la población de 60 años y más en situación de pobreza extrema. También a las madres solteras desempleadas en pobreza extrema, y a personas con discapacidad severa. Aunque en la actualidad parte de esa población está cubierta por otros subsidios, lo cual pudiera reducir la obligación pública, cumplir con ese compromiso tal cual, con una pensión equivalente al ingreso personal necesario para superar la pobreza extrema implicaría recursos por un monto de cerca de 37 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.2% del PIB.
Un tercer compromiso establecido también en la ley de seguridad social, es el otorgamiento del Bono de Reconocimiento a 45 mil trabajadores que tenían 45 años o más y que estaban bajo el amparo de las leyes de pensiones anteriores al momento de la promulgación de la nueva ley de seguridad social, y que optaron por el régimen de capitalización individual. El bono les reconocería todos los años de contribuciones.
En 2005 se estimó que la “deuda” del Estado por ese concepto era de casi 34 mil millones de pesos, equivalente al 3.4% del PIB de ese año. Hoy esa deuda es mayor, y debe ser reconocida porque cada vez un mayor número de esas personas se retiran, el Estado no les está devolviendo lo que aportaron por años y están terminando con pensiones de pobreza. Por fortuna no se trata de una deuda que hay que pagar toda junta, pero a medida que pasa el tiempo, mayor será la obligación.
Un cuarto compromiso es con la universalización del acceso a agua potable y a servicios sanitarios, incluyendo en las escuelas y centros de salud. La importancia del servicio de agua para lograr mayores niveles de bienestar y de salud son inigualables. Dada la reducción de largo plazo que se ha registrado en la inversión pública en agua y saneamiento, una meta razonable sería incrementar el gasto público gradualmente hasta alcanzar un aumento equivalente a 0.7% del PIB.
Un quinto compromiso es con la vivienda. El Ministerio de Economía ha estimado que, en 2014, el déficit habitacional en el país era de más de 850 mil viviendas. Más de un tercio de ese déficit correspondía al 20% más pobre de la población, y el 60% al 40% más pobre. También calculó que conjurar ese déficit en los sectores más pobres, se requeriría invertir el equivalente al 0.5% del PIB en construcción, reconstrucción y mejoramiento de viviendas. Esto, además, debería combinarse con iniciativas mixtas entre el sector público y el sector privado, y con políticas que, sin necesariamente involucrar recursos públicos, faciliten la construcción de viviendas para sectores no vulnerables.
Sólo en estos compromisos, el volumen de recursos requeridos podría alcanzar el equivalente a 4% del PIB, una cifra mayúscula. Súmele a esto, los recursos adicionales necesarios para financiar programas específicos para mejorar la calidad de la atención en salud y fortalecer los programas de salud preventiva, los que hay que invertir para avanzar en la urgente transformación el sistema de seguridad pública y de la policía, aquellos necesarios para el restablecimiento del financiamiento consignado en la ley para el sistema de justicia y las alcaldías, y para mejorar el financiamiento a la educación superior, los requeridos para cumplir con los compromisos con el Banco Central para reducir la deuda de esa institución, y por último los requeridos para llevar la inversión pública en infraestructura a niveles razonables. Esto último amerita incrementarla en cerca de 50% para llevarla a no menos del 4% del PIB, cerca de 1.5 puntos porcentuales por encima del nivel actual.
Aunque es imposible cumplir con todo esto en unos pocos años, lo enumerado da una idea de la enormidad del esfuerzo fiscal de largo plazo que habría que emprender para que el Estado cumpla con su responsabilidad.
Pero encima de todos esos compromisos de largo plazo, las finanzas públicas se enfrentan a severos estreses de corto plazo. Aunque no hay una crisis fiscal inminente, sólo lidiar con el presupuesto de 2017, sin acometer cambios fiscales sustantivos, constituye una tarea de envergadura.
El Plan Plurianual del Sector Público actualizado así lo reconoce. Establece una meta de déficit público equivalente a 2.1% del PIB, esto es, 0.2 puntos porcentuales menos que en 2016. Esa es en principio, una meta modesta. Pero para lograr eso, el esfuerzo sería mayúsculo porque el Gobierno prevé un aumento de recaudaciones de sólo 37 mil millones de pesos en 2017, de los cuales, más del 60% (23 mil millones) se le va a ir en un aumento en el pago de interés sobre la deuda pública. Eso, comparado con 2016, le deja sólo 13 mil millones de pesos adicionales para gastar. Al monto que el Gobierno efectivamente gasta en la economía, después de pagar deuda, se le denomina gasto primario. De hecho, si le descontamos la inflación, entonces, el Gobierno terminará en 2017 con un gasto primario menor que en 2016, y si lo comparamos con el PIB, esos 13 mil millones adicionales, de hecho, implican una caída del gasto primario desde 14.4% hasta 13.6%. Como se observa en el gráfico, el gasto primario como porcentaje del PIB viene cayendo desde 2014, lo que significa que la capacidad de gastar del Estado se ha venido comprimiendo, especialmente porque el peso de la deuda ha venido subiendo. Esa es una tendencia que hay que detener pronto.
Todo lo anterior no pretende intimidar ni generar escepticismo sino más bien hacer conciencia que el tema fiscal no merece salidas improvisadas ni sólo para enfrentar urgencias inmediatas, de que el esfuerzo fiscal que hay hacer es colosal, y de que ello amerita una discusión pausada que permita llegar a acuerdos robustos en la dirección de alcanzar esas metas de largo plazo. A la enormidad del reto hay que responderle con enormidad de compromiso y capacidad para pactar.
