Aunque a muchos, dentro y fuera del gobierno, les cueste aceptarlo, la verdad es que el 62% que dio al presidente Danilo Medina el derecho a un segundo mandato no mide el nivel de aceptación del partido en el poder, sino la popularidad del mandatario. Todas las encuestas publicadas durante el proceso electoral así lo confirman. Con cualquier otro candidato oficialista, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, los resultados de las votaciones del pasado 15 de mayo hubieran sido otros.
Con tan alta aprobación, y el control del Congreso que le dará mayoría aplastante en el Senado y la Cámara de Diputados, el presidente Medina está en condiciones de emprender las reformas estructurales en las áreas básicas de la economía y la institucionalidad democrática que las circunstancias demandan y no necesita esperar el inicio de su nueva administración si así lo quisiera. Su indiscutible e indiscutido triunfo electoral, con el mayor porcentaje alcanzado por un candidato en la fase democrática de la República, le proporciona el espacio no solo para expandir las expectativas económicas, sino también para mejorar la práctica política, promoviendo la aprobación de leyes como la tan esperada sobre los partidos y las que regulan las campañas electorales.
Y sobre todo, está en capacidad, y la nación espera que así lo entienda y proceda, de hacer cambios profundos en la estructura burocrática del Estado, inyectando al gobierno de nueva vitalidad que lo libere de las viejas y grises figuras que han estado por más de una década en las mismas posiciones sin brillo alguno y que por antigüedad ya parecen ser sus dueños.
De ello podría depender el éxito de una administración de la que se espera mucho. Gestión a la que podría ayudar su partido si alcanzara a entender que ese 62% lo obliga a abrirle al Presidente el espacio suficiente para hacer realidad lo que el 15 de mayo dejó en claro.
