Revisando la encuesta Latinobarómeto 2016 me encontré con un dato muy curioso y no menos preocupante. La República Dominicana aparece como el país de Latinoamérica con mayor tolerancia ciudadana frente a los casos de corrupción. Ante la pregunta de si se está de acuerdo en tolerar la corrupción a cambio de que los gobiernos logren solucionar los problemas del país, el 39% de los latinoamericanos dijo que sí. Este promedio regional fue ampliamente superado en el caso dominicano, pues en el país el 65% de los encuestados respondió que se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción en el gobierno, si se solucionan problemas nacionales. La permisividad social frente a la corrupción es uno de los factores que explica las dificultades para su erradicación. La corrupción e impunidad es posible solo si se combinan las condiciones de un servidor público corrupto, un corruptor desde el sector privado, la existencia de instituciones débiles y una ciudadanía indiferente. Este último factor es determinante, pues sin una ciudadanía crítica, el sistema político tiene pocos incentivos para hacer cambios que permitan una gestión pública eficiente y transparente.
Esos cambios no pueden esperar, pues la democracia dominicana requiere de ellos para mejorar en calidad. Aunque en los últimos años el debate se ha centrado en los problemas del sistema político y específicamente en el deterioro de la institucionalidad y en la crisis del sistema de partidos, hay que prestar atención al aspecto relevante del rol de los ciudadanos. Sin un ejercicio responsable de ciudadanía que implique la exigencia de derechos y la demanda de una práctica política sustentada en principios democráticos, es improbable que se logren las transformaciones sociales y políticas anheladas.
Las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, a través de sus programas de educación popular, de campañas públicas y los mecanismos de participación y movilización ciudadana que ofrecen, tienen la tarea esencial de generar una mayor consciencia cívica que permita afrontar la indiferencia y la inamovilidad social que ha caracterizado al país desde hace ya mucho tiempo.
Vencer la permisividad social y avanzar en una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, presenta otros retos. Uno de ellos es cómo lograr que la apuesta por mejorar la calidad de la educación preuniversitaria tenga en cuenta en la redefinición de sus contenidos pedagógicos, la formación cívica y ciudadana. Educar en valores democráticos es de vital importancia para la constitución de ciudadanos (as) sujetos de derecho, capaces de reconocer la ineludible necesidad de la participación, para el fortalecimiento de la aún limitada democracia dominicana.
