Tal y como lo establece la Constitución en sus artículos 114 y 128 (numeral 2, literal F), el Presidente de la República cumplió con su obligación de rendir cuentas ante el Congreso Nacional. El discurso del presidente Medina ha sido valorado como positivo por diversos sectores del país, aunque estuvieron ausentes algunos temas que se esperaba fueran abordados, como los resultados de las medidas de austeridad y transparencia, los planes anticorrupción o la información detallada sobre el déficit fiscal del 2012.
El aspecto más destacado del discurso ha sido la valiente posición gubernamental frente a la minera Barrick Pueblo Nuevo. Era tiempo de que el Estado asumiera una defensa real de los intereses nacionales. Tal y como lo plantea el propio Presidente, no es posible aceptar las condiciones de un contrato en las que el pueblo dominicano no obtiene prácticamente ningún beneficio por la explotación de sus recursos mineros. Esperamos que esto sirva como crítica a los legisladores dominicanos, por su irresponsable proceder en la negociación de este y otros contratos.
Si lo anterior es importante, tiene también gran relevancia el énfasis en lo social en las palabras del representante del Poder Ejecutivo. Enfrentar la profunda deuda social acumulada ha sido una prioridad en la ejecución gubernamental y en las políticas públicas implementadas durante los últimos seis meses. Esto es fundamental, pues el principal déficit de la democracia dominicana lo constituye el alarmante nivel de pobreza y de desigualdad social existentes en el país.
El mayor fracaso de las anteriores gestiones gubernamentales, en más de 30 años de democracia, ha sido su incapacidad de mejorar las condiciones de vida de la gente. Los programas sociales puestos en práctica por el Gobierno, deberán contribuir a un mayor bienestar de los dominicanos y las dominicanas.
Sin embargo, entendemos que en esta materia siguen pendientes retos fundamentales a los que el Gobierno deberá prestar atención. En primer lugar, debe evitarse que los programas sociales se queden en lo puramente asistencial y sin un impacto real en la mejoría de las condiciones de vida de los más pobres. Para ello son esenciales las políticas públicas en materia de empleo, salud, educación y viviendas. Por otro lado, es necesario impedir que los planes sociales gubernamentales se conviertan en un mecanismo para el ejercicio clientelar de la política.
Por último, se requiere enfrentar la amplia dispersión que existe en el Estado en relación a la ejecución de las políticas sociales. Enfrentar estos retos, permitirá un mayor impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
