La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y organizaciones de la Sociedad Civil planifican la instalación de una RED Ciudadana de monitoreo a la selección y el rendimiento de los procuradores fiscales y adjuntos de cuatro provincias del país.
La RED Ciudadana de seguimiento y monitoreo a los Procesos de Selección, promoción y Disciplinario del ministerio público funcionará en Santiago, La Vega, La Romana y Barahona.
Con la implementación del monitoreo las organizaciones de sociedad civil podrán medir el impacto de aplicación de las normas del Ministerio Público para seleccionar y promover a los fiscales y de los métodos disciplinarios que les aplican. También trata de determinar el conocimiento de la población sobre este tema, que debe contribuir a la mejoría de la gestión de la carrera y el desempeño del Ministerio Público.
Dicha iniciativa busca brindar herramientas de observación que permita a las organizaciones medir el nivel de impacto de la aplicación de las normas a través del cual se evalúan los procesos de carrera y la gestión de los funcionario en el Ministerio Público, así como la interrelación con la comunidad y los usuarios, contribuyendo a la mejora de gestión de carrera y de desempeño de la función, procurar un nivel de relación e intercambio entre la sociedad civil y los operadores de justicia.
Tendrá una duración de tres meses, desde el mes de octubre hasta mediados de diciembre, y consta de 5 etapas: formación de encuestadores, levantamientos de la información, procesamiento de datos, validación de la información y presentación del informe final, que conlleva la edición y puesta en circulación.
Para la realización y montaje del monitoreo, FINJUS cuenta con el trabajo técnico del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), quien elaboró las herramientas por utilizar en las entrevistas a operadores de justicia, usuarios y personalidades de las provincias involucradas y miembros de las organizaciones quienes harán el levantamiento de las informaciones.
Esta acción se enmarca en el Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia que involucra a cuatro redes de organizaciones: El Control Ciudadano de la Justicia Vegana (COCIJUVE), la Asociación de Juntas de Vecinos de La Romana, CEAJURI de Barahona y Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia de Santiago.
En dos provincias de la cuatro involucradas, La Vega y Santiago, las procuradoras fiscales fueron elegidas por concurso.
