Las empresas creadas bajo el régimen de la Ley 28-01, de Desarrollo Fronterizo, aportan RD$700 millones anuales al Gobierno mediante el pago, “de manera ilegal”, del impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS). La información la ofreció la Asociación Dominicana de Empresas en la zona Fronteriza (Adefro), tras argumentar que este pago lo realizan porque fueron obligados por la pasada administración tributaria, ya que la legislación que permite la creación de esas empresas en la frontera plantea la exención de ese tributo.
Manuel Taveras y José Luis Taveras, presidente y asesor de Adefro, respectivamente, afirman que la ley 28-01 les exonera del pago del ITBIS, pero que el exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Juan Hernández, les puso una camisa de fuerza y obligó a las industrias en la zona fronteriza a cumplir con este tributo, con la excepción de una sola que mantiene una litis frente a la institución recaudadora.
“Es bueno que la señora Ligia Bonetti, presidenta de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), pase por la DGII y se aclare ella misma que pagamos el ITBIS; más de RD$700 millones anuales estamos entregando al fisco de manera ilegal, por eso la exhortamos a que pase por impuestos internos y nos desmienta que pagamos el ITBIS y que Kola Real paga el ITBIS”, indicó Manuel Taveras.
El presidente de Adefro se refirió en esos términos tras conocer que la AIRD, con el apoyo de distintas organizaciones empresariales, está demandando que la Ley 28-01 sobre desarrollo fronterizo, sea modificada porque atenta, según sus argumentos, contra la mayor parte de las industrias del país en el marco de una competencia desleal.
Además argumentan que el Estado, supuestamente, dejó de percibir RD$1,100 millones, solo el pasado año, por las exenciones fiscales otorgadas en el marco de la Ley 28-01. Dijo que no es cierto que las empresas de la frontera representen RD$1,100 millones por concepto de gastos tributario como indicara la AIRD.
Aclaró que son RD$400 millones los que el Gobierno dejó de percibir de esas industrias y fue por la exención del impuesto sobre la renta.
Los ejecutivos de Adefro, al participar en el Desayuno Económico de elCaribe, afirmaron que actualmente las industrias instaladas bajo el marco de esta ley cuentan con más de 6,000 empleados formales directos y que por la operación de esas empresas se generan alrededor de 20,000 empleos indirectos.
Competencia desleal
José Taveras precisó que la AIRD ha planteado que las industrias en la frontera representan un modelo que ha fracasado por el escaso flujo o pobre impacto que ha tenido, sin embargo a este planteamiento le responde diciendo que eso es una gran contradicción, porque, según explicó, el mismo grupo empresarial ha dicho que tal modelo significa una competencia desleal para las empresas que operan en Santo Domingo.
“Si tú dices que el impacto es pobre y que apenas 40 empresas se han acogido, entonces qué nivel de aceptación debe haber? ¿40 empresitas?, para el gran capital industrial que tiene una conformación económica concentrada en oligopolios en Santo Domingo”, indicó.
Además el asesor de las industrias en la frontera manifestó que si la Ley 28-01 plantea una competencia desleal, en República Dominicana existe una legislación, la 42-08, que sanciona la práctica de competencia desleal.
Conminó a la AIRD a que si realmente entiende que el sector fronterizo le está afectando, a que use el marco legal de protección y pruebe que hay competencia desleal ante la instancia administrativa correspondiente, para lo cual hay sanciones administrativas que incluyen hasta el cierre cuando se comprueban estas prácticas.
Manuel Taveras manifestó que no entiende cómo se habla de competencia desleal cuando las empresas instaladas en la frontera tienen que producir asumiendo costos elevados de producción, y cuando no tiene un personal calificado. Además cuando se tiene una calidad y un suministro de energía eléctrica no sostenible.
“Entonces cómo hablamos de competencia desleal cuando todo el andamiaje que se hace para poder producir es cuesta arriba.
Fuera competencia desleal si tuviéramos privilegios y exenciones que cubrieran estos sobrecostos, pero actualmente la Ley 28-01 solamente nos diferencia de la legislación de ProIndustria en el impuestos sobre la renta”, Dijo que llevar un contenedor, desde los muelles, con materia prima a los centros de producción en la frontera representa un costo de RD$35,000 y que para trasladar igual mercancía a los centros de producción en la capital el costo es de RD$7,000. Además expresó que la Ley no es excluyente y que todo el que quiera se puede instalar en la frontera. l
Problema de Ley 28-01 tiene más de una década
La división de los industriales de la frontera y los que operan en la capital y el resto del país, es un tema que tiene más de una década. El problema surgió a raíz de la aprobación, en el año 2001, de la Ley 28-01 que crea una zona especial de desarrollo fronterizo, que abarca las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Baoruco.
Desde entonces, según los datos ofrecidos a elCaribe por la Asociación de Empresas Fronterizas, un grupo de empresarios agrupados en la Asociación de Industria de República Dominicana ha sometido varios recursos de inconstitucionalidad en contra de esta legislación pero no han obtenido resultados positivos, ya que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha fallado a favor de la ley.
Actualmente piden su modificación por considerar que representa una competencia desleal entre varias industrias.
