El Tribunal Constitucional (TC) conoció ayer ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, dos de los cuales atacan la Ley 61-24, que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República, del 2 de octubre de 2024.
En la audiencia, realizada en la sede principal de la corte, los jueces del TC vieron el expediente TC-01-2024-0043, interpuesto por Roque Alejandro Espaillat Tavárez, en contra de los artículos 1 y 3 de la Ley que declara la necesidad de reformar la Ley Suprema en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, adicionar una disposición general como artículo 278, y revisar y adicionar disposiciones transitorias.
Así como el acto de aprobación en primera y segunda lectura por parte de la Asamblea Nacional Revisora de la modificación del artículo 268 de la Carta Magna y el incumplimiento del artículo 272 párrafo III de ella.
El otro expediente relacionado que conoció el TC, fue el TC-01-2024-0046, en el que los accionantes Juventud con una Misión (Jucum), Mercedes Núñez Avilés, Pío Peguero y Carmen Orozco Martínez, atacaron el referido marc legal. Los accionantes solicitaron acoger en cuanto al fondo la acción directa de inconstitucionalidad, y en consecuencia decretar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los artículos 2 y 103 de la Ley 61-24 que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República.
El pleno de jueces del Tribunal Constitucional que celebró la audiencia pública estuvo encabezado por el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente Napoleón R. Estévez Lavandier.
Tres recursos contra otras leyes
La alta corte conoció el expediente TC-01-2024-0044, en el que el accionante, Víctor Alejandro Lara Lluberes, ataca el artículo 11, parte in fine, de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial, del 11 de agosto de 1998.
De igual manera, ventiló el expediente TC-01-2024-0049, interpuesto por Jhonny Robinson Almánzar y Vladimir Reynoso González, contra los artículos 154, numeral 4; 173, numerales 3 y 7; 174, numerales 8, 9, 175 y su párrafo; y 247 de la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas, del 19 de septiembre del 2013.
En esa audiencia, los jueces del TC conocieron, además, el expediente TC-01-2024-0050, donde José Franklin Zabala Jiménez ataca la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias, del 26 de septiembre de 2019.
Fueron atacados en la audiencia pública de ayer
Otro expediente fue el TC-01-2024-0048, contra el artículo 1, numeral 180 del Decreto 114-21, que concede el beneficio de la jubilación y eleva el monto de pensiones especiales otorgadas por el Estado por antigüedad a varios servidores públicos, emitido por el Poder Ejecutivo. Asimísmo, el expediente TC-01-2024-0045, ataca el Decreto 463-04, del 24 de mayo de 2004; y el TC-01-2024-0051 contra el artículo 20 del Reglamento Jurisdiccional
