La organización mundial Transparencia Internacional presentó esta semana el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, en el cual la República Dominicana empeora con relación al año 2015. En esta ocasión el país obtuvo una puntuación de 31 sobre 100, mientras que en la anterior medición había sido de 33, para una reducción de dos puntos. Estos datos continúan colocando a este territorio como uno de los países con más alta percepción de corrupción entre las 176 naciones evaluadas.
Esta es una realidad muy conocida en el país, pues distintas encuestas a lo largo de los últimos años así lo han evidenciado. Para nadie es un secreto que crece la percepción ciudadana de que empeoramos, pues frente a los escándalos de corrupción la justicia no solo no los investiga y sanciona, sino que se hace cómplice de sus principales responsables. En esto tiene mucho que ver la captura del Poder Judicial por parte de un grupo político que ha procurado asegurarse protección absoluta ante sus desmanes. No hay dudas de que el régimen de impunidad que ha imperado en el país, es la causa fundamental de que la República Dominicana aparezca muy mal parada en los distintos indicadores internacionales.
La marcha ciudadana contra la impunidad realizada el pasado domingo, se constituyó en una demostración de que esa percepción ha derivado en descontento e indignación en una gran parte de los dominicanos y dominicanas. Muchas veces el descontento ciudadano frente a las prácticas corruptas se traduce en frustración o desafección política que llevan a la desmovilización de los grupos sociales. En otras ocasiones, se traduce en acción social de protesta y en costos políticos para los partidos. Es en esa última dirección que se podría estar encaminando la indignación de la población, como quedó demostrado con la marcha por el fin de la impunidad.
La creciente protesta social contra la corrupción y la mala ubicación del país en los indicadores internacionales como el IPC 2016, deben llevar al Estado a ocuparse seriamente del problema de la corrupción y la impunidad. No solo por la erosión de la confianza en el sistema de partidos, sino por el impacto que esto tiene en la democracia y sus instituciones, en el crecimiento económico y en la situación social de amplios grupos poblacionales. Ahora la prioridad es crear las condiciones para que la justicia pueda avanzar en la investigación y sanción de la corrupción. Esto deberá estar acompañado con el fortalecimiento de las políticas de transparencia del gobierno central y del rol de fiscalización del Congreso Nacional.
