WASHINGTON— Mientras Estados Unidos trata de castigar a Rusia por sus acciones en Ucrania, el Departamento del Tesoro está desplegando un arma económica que pudiera resultar más costosa que las sanciones: las autoridades fiscales.
A mediados de este año, Estados Unidos planea comenzar a usar una nueva ley que hará más costoso para los bancos rusos operar en territorio estadounidense.
“Es algo grande”, dijo Mark E. Matthews, un excomisionado del Servicio de la Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés). “Crearía una enorme incertidumbre en la comunidad bancaria rusa”.
Mucho antes de la crisis en Ucrania, el Congreso estadounidense aprobó una ley en el 2010 para combatir la evasión fiscal que depende de bancos en el extranjero. Ahora, a partir de julio, los bancos estadounidenses van a tener que retener un impuesto de 30% sobre ciertos pagos a instituciones en otros países, a menos que esos bancos extranjeros tengan acuerdos para revelar al IRS información sobre estadounidenses titulares de cuentas. La retención aplica principalmente a ingresos por inversiones.
Rusia y decenas de otros países han estado negociando acuerdos de ese tipo con Estados Unidos en un esfuerzo para evitar esas duras penalizaciones contra sus bancos.
Pero luego que Rusia se anexó Crimea y fue acusada de apoyar movimientos separatistas en el este de Ucrania, el Departamento del Tesoro suspendió las negociaciones en marzo. Con el plazo del 1 de julio en ciernes, los bancos rusos están preocupados ahora de que el precio de hacer negocios en Estados Unidos vaya a subir.
La nueva ley significa que los bancos rusos que compren títulos estadounidenses después del 1 de julio van a perder 30% de los pagos de intereses y dividendos. Eso es aplicable a acciones y bonos, incluidos papeles del Tesoro. Algunos títulos previamente adquiridos estarían exentos del impuesto, pero no todos.
Inversionistas privados que usen instituciones financieras rusas para facilitar transacciones también enfrentarían la penalización. Esos inversionistas privados pudieran solicitar reembolsos al IRS, pero el inconveniente sería enorme.
“Es un enorme problema para ellos”, dijo Matthews, que ahora es un abogado para Caplin & Drysdale, una firma de impuestos basada en Washington. “Reduce su competitividad y pudiera ver el capital irse a otras partes”.
La penalización sería expandida en el 2017 si aún no existe un acuerdo de compartir información bancaria.
