Pese a la irritabilidad con que el Gobierno reacciona ante la exigencia de que se cumpla la Ley de Educación, que otorga al sector el 4% del PIB, el presidente Leonel Fernández y su administración se destacan en propiciar debates internacionales en los cuales sobresale el conocimiento como motor indispensable para impulsar el desarrollo.
Esta tendencia sugiere una postura retórica para exponer conceptos que resultan agradables a los oídos de todos, para sintonizar con corrientes discursivas de voces que se complacen al escucharse unas a otras encerradas en majestuosos salones.
Pero existe la posibilidad que las autoridades alberguen una idea particular y hasta ahora poco esclarecida -inalcanzable para el entendimiento de los menos educados o para los que nada saben de alta política- de lo que representa prioridad en inversión pública.
Lo que sí está claro es que la renuencia del Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley 66-97 y su campaña de cuestionamientos a los sectores que demandan la inversión del 4% coinciden con la promoción desde el Gobierno de foros, congresos y cumbres donde la educación es bandera.
La semana pasada el país acogió la celebración del V Foro de Competitividad de las Américas, que busca entre gobiernos, sociedad civil y sector privado elevar los niveles de crecimiento económico y comercial de la región. Allí los directivos de organismos internacionales identificaron, casi a una voz, como desventajas competitivas los bajos niveles de instrucción y la escasa inversión de Latinoamérica en educación, en comparación con zonas más desarrolladas.
Pero no fue que los invitados se desviaron del centro de la discusión y le hicieron pasar un mal momento a los organizadores, pues el primero en anunciar que el encuentro tendría la educación como tema fue el director del Consejo Nacional de Competitividad, Andrés van der Horst, quien contó con el apoyo pleno del mandatario.
En esa misma semana, el país fue sede también del encuentro ministerial “Caminos de prosperidad”, que cifró ese progreso precisamente en la educación.
Como si fuera poco, ayer se inauguró en el país la reunión del Grupo de Barritz, una iniciativa de diálogo de países europeos y latinoamericanos, en cuya apertura también salió a relucir el tema. El argumento del gobierno es que los recursos económicos no garantizan la calidad de la educación, que hay que definir cómo enfocar ese gasto y establecer una estrategia de corto y mediano plazos.
Pero es precisamente el Gobierno el que tiene la responsabilidad de garantizar la eficacia, eficiencia y transparencia de la inversión y de definir los programas estratégicos de las distintas áreas de la administración pública, esto en el caso de que en la educación no estuviesen identificadas las necesidades y las metas. Ante tanto consenso, ¿cuántos foros más serán necesarios?
El autor es periodista
