Diputados rechazan modificaciones del Senado al proyecto Loma Miranda

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles las modificaciones introducidas por el Senado de la República al proyecto de ley que declara a Loma Miranda Parque nacional y aprobó que el proyecto original que vuelve otra vez al Senado. 

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles las modificaciones introducidas por el Senado de la República al proyecto de ley que declara a Loma Miranda Parque nacional y aprobó que el proyecto original que vuelve otra vez al Senado. 
 
La moción fue aprobada con 96 votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones.

 
Luego que el presidente del órgano legislativo, Abel Martínez, pidiera liberar de los trámites la pieza, y argumentara que el informe del Senado sugiere una redacción alterna que sustituye todas las partes del proyecto original y le ponía una camisa de fuerza, procedió a dejar abiertos los debates, donde participaron 19 diputados.
 
Catorce diputados pidieron con vehemencia rechazar las modificaciones, excepto Nelson Arroyo, Minou Tavárez, Magda Rodríguez, Aridio Reyes y Radhamés Ramos García, quienes en cambio, solicitaron votar a favor del proyecto enviado por el Senado, tomando en cuenta que el fondo del asunto se mantiene inalterable.
 
“Creen que los dominicanos somos un grupo de estúpidos que no vamos a interpretar lo que constituye una chicana procedimental, lo que es un incidente con la finalidad de echarle el muerto a la Cámara de Diputados”, afirmó Cristian Paredes, quien abrió el turno de debates. 
 
En tanto, Henry Merán, acusó al Senado de cometer omisiones y desviaciones para terminar convirtiendo el proyecto de ley en inconstitucional. 
 
Mientras que, Magda Rodríguez, pidió respeto para los miembros del Senado y su presidente Reinaldo Pared, y afirmó que rechazar el proyecto pudiera significar “jugar el gato y al ratón” , corriendo el riesgo de que la iniciativa perima en esta Legislatura.
 
 
Uno de los puntos que objetan los diputados es el artículo 8 del proyecto, sobre el derecho de propiedad, que establece que el Estado deberá indemnizar a los concesionarios de la explotación de la mina. 

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