El presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados, Wellington Arnaud, denunció que en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado de 2017 se está incluyendo una reforma fiscal que afectará a diversos sectores, principalmente al industrial, lo que calificó como un golpe bajo y letal.
Arnaud calificó de abusivo el pago del 50% del ITBIS a la Dirección General de Aduanas por concepto de insumos y bienes de capital que usan las industrias, al entender que se veja la facilidad que otorga la ley de ProIndustria para los exportadores.
La advertencia se origina por lo que expresa el artículo 16 de la Ley de Presupuesto General de Estado de este 2017 en el que se introduce un adelanto de un 50% del ITBIS cuando las empresas vayan a exportar, lo que contrasta con lo establecido en la ley de ProIndustria que exenta a productores de bienes, así como a pequeños y medianos industriales.
El legislador indicó que esa medida afectaría gravemente a los productores, pues al tener que buscar un dinero que de ganancias que aún no reciben, quedarían descapitalizados, pero además estarían obligados a enfrentar una competencia desleal frente a productos que son importados exentos de ITBIS.
Indicó que la posposición del pago del ITBIS al momento de la venta del producto industrializado no constituye una exención tributaria, ni una merma de los ingresos fiscales del Gobierno y que así lo indica el propio proyecto de ley de Presupuesto.
Para el diputado esta propuesta pondría en riesgo la seguridad jurídica, el clima de inversión, la producción y las exportaciones nacionales, así como la generación de empleos en el país, siendo esta la razón por lo que espera que esa disposición sea eliminada del proyecto de ley de Presupuesto.
Recordó que la Ley 352-07 que rige ProIndustria surgió para cerrar la brecha entre el sector de las Zonas Francas, las empresas Centroamericanas y la industria local tras la apertura arancelaria que implicó la implementación del DR-CAFTA y luego de las desgravaciones de bienes intermedios, así como eliminación de recargo cambiario.
“Con esta nueva medida se abre peligrosamente la brecha entre la industria local y las empresas Centroamericanas, pero además la expone a la competencia de los demás países con los que firmamos el Tratado de Libre Comercio y lo más grave es que limita enormemente nuestra capacidad de ser competitivos”, concluyó.
