El mega escándalo internacional de corrupción por el caso Odebrecht ha dejado al desnudo los entramados ilícitos que se dan en nuestro país para la asignación de obras, lo que si bien no era un secreto para nadie, no deja de ser repugnantemente sorprendente conocer al detalle los bochornosos montos que se pagan en sobornos aumentando el costo de las obras, el endeudamiento público y el déficit fiscal.
Los ribetes internacionales de este caso han permitido que se divulguen públicamente revelaciones que jamás hubiéramos tenido en nuestro país, como que funcionarios e intermediarios dominicanos habrían recibido entre el 2001 y el 2014 la suma de 92 millones de dólares de parte de la empresa Odebrecht para obtener beneficios en sus relaciones con nuestro Estado; lo que ha provocado que se haya iniciado casi a regañadientes una investigación ante el temor de las consecuencias políticas de tan publicitado caso.
Si se hiciera un promedio de los montos gastados en sobornos en los 13 años del reino cuasi absoluto de dicha constructora en la ejecución de las más importantes obras en el país, cada año se habrían pagado por este concepto más de 7 millones de dólares, que fueron a parar a los bolsillos de funcionarios e intermediarios corruptos o destinados a su disfrute en viajes, comidas, carnavales y otros bacanales.
Ese reinado de Odebrecht inició bajo el gobierno de Hipólito Mejía, pero se afianzó y expandió en los de Leonel Fernández y Danilo Medina, lo que incluso se acrecentó con la transición del gobierno del primero al del segundo, dado que la licitación internacional llevada a cabo para las plantas de generación en el año 2012 por la CDEEE fue suspendida para otorgar las “joyas de la corona” de Punta Catalina a la “Reina” de la construcción del Estado.
Si la misma empresa ha admitido que su método de obtención de obras era el soborno y el tráfico de influencias ejercido por el propio ex presidente Lula, hay que inferir que en la construcción de dichas plantas esto también sucedió, con la agravante de que la persecución judicial en Brasil se destapó sin que el financiamiento del BNDES se hubiera realizado, por lo que en este caso la constructora se quedó con el Santo y la limosna, pues nuestras autoridades de forma complaciente e irresponsable no derivaron consecuencias de este incumplimiento contractual.
Aunque muchos sospechábamos que la predilección por esta Constructora no era casualidad, ahora es un hecho comprobado que por más que quieran nuestras autoridades eludir, afecta no solo a los funcionarios directamente involucrados en la contratación de esas obras y sus intermediarios, sino a los presidentes de esos períodos de gobierno y sus partidos, especialmente al PLD en cuyas administraciones se concentraron la mayoría de las obras.
La dañina impunidad que existe en nuestro país ha permitido que a pesar de los rumores estos funcionarios y lobistas corruptos se paseen por las calles exhibiendo sus riquezas sin el menor rubor ni temor a la sanción, pero con lo que no contaban era que el destape internacional de este esquema corrupto les caería como un poderoso dedo acusador.
La corrupción es el peor mal que afecta a nuestra sociedad y a Latinoamérica, la cual de estar sometida al yugo de las dictaduras militares ha pasado a estar bajo el de la corruptela que genera males mayores, por el envilecimiento y pérdida de valores que produce.
Esperemos que este sonoro caso que le ha sacado la alfombra de los pies a este gobierno y los anteriores involucrados, entrañe un sacudimiento en las esferas del poder y provoque una ruptura con el modelo corrupto de administración pública que tenemos.
