Con un controversial libro recién publicado, el economista francés Thomas Piketty ha puesto sobre el tapete el tema de la desigualdad y la injusta concentración de la riqueza en las naciones industrializadas y ha señalado algunos de los factores que la están agravando. Independientemente de la validez de sus argumentos, lo que los dominicanos debemos analizar es cuales son los factores que están agudizando las desigualdades económicas en nuestro propio país.
Todos los estudios realizados por organismos internacionales, por economistas nacionales y por nuestro Ministerio de Economía, coinciden en señalar que a pesar del alto crecimiento económico que ha tenido nuestro país en los últimos 10 años, los niveles de pobreza permanecen inamovibles debido a la mala distribución de la riqueza. En efecto, se calcula que actualmente alrededor de cuatro millones de dominicanos (40% de la población) viven en condiciones de pobreza y de ellos más de un millón vive en la pobreza extrema. Una situación potencialmente explosiva que a todos nos debe preocupar por injusta y peligrosa.
No se puede negar que una de las principales causas de nuestra creciente desigualdad, la ha provocado la inmigración masiva de ciudadanos haitianos que han ingresado ilegalmente a nuestro país, especialmente en los últimos 10 años. Es lógico que esta avalancha de personas empobrecidas ha sido el principal factor que ha incidido para que los salarios se mantengan en niveles sumamente deprimidos, lo que no permite salir de la pobreza, a una gran parte de nuestra fuerza laboral, tanto la que percibe un salario, como la que ha sido desplazada.
Estos cientos de miles extranjeros que han ingresado ilegalmente al territorio nacional en los últimos años, están dispuestos a trabajar por cualquier salario, por bajo que sea, pues la alternativa de quedarse en su país de origen es mucho peor. De esta forma han ido desplazando a una gran parte de nuestra fuerza laboral, la cual se resiste a trabajar por los niveles de salarios existentes, quedándose así desprovistos de un empleo formal y obligados a engrosar nuestra masa de desempleados y sub empleados.
En efecto, se estima que actualmente un 32% de nuestros jóvenes están desempleados y de los que trabajan, el 80% lo hace en el sector informal. Sin embargo, a pesar de esta escalofriante realidad, nos damos el lujo de ofrecer empleos formales a cientos de miles de extranjeros indocumentados. Esta es una situación que a todos nos debe preocupar, pues además del drama humano que representa para esos jóvenes dominicanos, también están los efectos que esta injusta situación está teniendo en el incremento de la delincuencia, así como en el caos y la inseguridad imperante en nuestra sociedad.
Hay que reconocer que lamentablemente el Estado dominicano ha demostrado total incapacidad para controlar físicamente este flujo migratorio de ciudadanos haitianos. Por esta razón, quizás el único mecanismo al que podemos recurrir para desalentar esta masiva inmigración, es dificultándoles el acceso a las fuentes de trabajo formales que ofrece nuestra economía. Resulta pues inexplicable que a pesar de lo que establecen las leyes laborales existentes, una gran masa de trabajadores extranjeros han desplazados a los nacionales en los sectores más dinámicos, como son: los hoteles turísticos; las obras públicas; las empresas de zona franca; la construcción; las empresas agroindustriales, tanto de exportación como las que satisfacen el consumo doméstico; en fin, en todas las actividades donde nuestra economía está ofreciendo fuentes de empleo productivo en estos momentos. Todo esto sucede no tan sólo con el beneplácito del Gobierno, sino también de nuestros sindicatos, los cuales están aceptando esta situación con una pasmosa pasividad, a pesar de que es una de las que más afecta a nuestra masa laboral.
Resulta igualmente inexplicable que el Gobierno esté actualmente otorgando documentos de identificación a cientos de miles de personas de origen extranjero, que algunos estiman que podría llegar a unas 700,000 personas. Este no es el deseo de la mayoría de los dominicanos, como lo reflejan las distintas encuestas realizadas, ni tampoco era lo que se esperaba, ya que este registro lo que servirá es para facilitarles aún más a esos extranjeros, el acceso a nuestras escasas fuentes de trabajo. Sería una vaga ilusión pensar que no se llegará a esos extremos en la cantidad de personas registradas, pues todos sabemos que una vez se inicie y se generalice el mismo, no se podrá detener, pues seguramente muchos se las ingeniarán para falsificar de cuantos documentos se están requiriendo para estos fines, incluso con la complicidad de empleados públicos. Asimismo, pensar que los permisos de trabajo serán transitorios, es otra ilusión, pues una vez estén empleados formalmente, nadie los podrá retornar a su país de origen, pues si no se ha hecho hasta ahora, mucho menos se podrá hacer una vez estén radicados en nuestro país.
Por todas estas razones, es preciso entender de una vez por todas, que nuestro problema nunca ha sido negar la nacionalidad a aquellas personas de origen haitiano que le corresponde legalmente. Nuestro real problema es seguir permitiendo el acceso a nuestras insuficientes fuentes de empleos formales, a los cientos de miles de extranjeros indocumentados que han ingresado y que siguen ingresando a nuestro país, en detrimento de nuestra fuerza laboral. Ahí es que deben enfocarse nuestras acciones, las que no podrán ser cuestionadas por ningún organismo internacional, pues la misma es práctica común en todas las naciones que se respetan.
