El bloque opositor ha acusado al gobierno de querer imponer unilateralmente una Junta Central Electoral (JCE) favorable a sus intereses, en lugar de una imparcial formada por personalidades confiables sin ataduras partidistas. Esa intención, advierte, contradice el deseo general de llegar a un acuerdo para escoger a los futuros miembros del organismo electoral por consenso.
A través de uno de los funcionarios más influyentes, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el gobierno ha expresado su total aprobación a una junta integrada por personalidades con un perfil exactamente idéntico al que propone la oposición. De manera que el impasse parece muy propio de la tradición política nacional de complicar las cosas, para extender un conflicto en el que por lo menos en el discurso y las intenciones expresadas por las partes en pugna hay coincidencia de pareceres.
El problema que no parece entender la oposición es que la única manera de obtener un consenso es en la mesa de negociación, no por activa confrontación mediática. La resistencia a entablar un diálogo directo en la búsqueda de ese consenso, sólo conseguirá que la predicción acerca de una junta resultante de una acción unilateral, finalmente lo sea.
No cabe esperar, para ser realista, que el Presidente acepte sentarse a la mesa con una gama de liderazgos menores cuya única coincidencia es su oposición al gobierno, existiendo un partido que representa la casi total representación del electorado opositor, de acuerdo con las elecciones pasadas. Y tampoco puede esperarse ninguna posibilidad de acuerdo en base a recados de un lado a otro a través de un mediador, sin un intento serio de diálogo directo.
La designación de la JCE es un tema político y la decisión ideal tendrá que ser el fruto de un consenso entre los dos partidos mayoritarios. No se trata de un deseo. Es lo que impone la realidad. Guste o no.
