La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) emitió este lunes un comunicado sobre los desafíos y parámetros de la transparencia en una nueva institucionalidad desde el estado dominicano.
El comunicado destaca que la transparencia es uno de los pilares esenciales del Estado social y democrático de derecho. Basándose en la promulgación de la Constitución del 2010, el ordenamiento jurídico dominicano se ha venido orientando hacia el fortalecimiento de los parámetros de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en los poderes públicos.
“Por esta razón, en el marco de la consolidación de una nueva institucionalidad desde el Estado dominicano, la transparencia se ha erigido como un desafío tanto en el ámbito colectivo como el particular para cada uno de los entes que componen el organigrama institucional del país. De manera que, resulta un hecho trascendente para el orden democrático que la ciudadanía se erija como actor preponderante y vigilante de la toma de decisiones públicas”, precisa el articulo.
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En ese orden el documentos precisa las ideas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quien ha establecido que la transparencia es “un concepto relacionado con la posibilidad de que la información real de una empresa, gobierno u organización puede ser consultada por los diferentes sujetos afectados por ella, de tal modo que éstos pueden tomar decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría de información.”
De manera que, visto el alcance del concepto, puede colegirse que la actual noción de transparencia trasciende a lo público e implica una necesidad de información de quienes se ven afectados por la misma inclusive desde el ámbito privado.
Asimismo apunta que en la misma medida en que se fortalecen los mecanismos institucionales para la transparencia, se consolida la seguridad jurídica y se promueve, al mismo tiempo, un mejor clima de inversión. Entre todas las cuestiones descritas precedentemente, se configura el tema central en el documento, a los fines de delimitar cuáles serían entonces los desafíos que trae la transparencia de cara a la construcción de una nueva institucionalidad desde el Estado dominicano.
A lo anterior, debe agregarse cómo incide esta temática directamente en contrarrestar la cultura de impunidad y la corrupción. Por ello, es un asunto que incluye a la propia sociedad y que de ningún modo, podría apartarse de los objetivos centrales de desarrollo para la República Dominicana, tanto a corto como a largo plazo.
La propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12, en su primer eje estratégico propone una administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
No obstante indica que esto resulta evidente que para asociar el concepto de transparencia desde una nueva institucionalidad se hace necesario referenciar hacia la legislación nacional que versa sobre este aspecto: la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04. Empero, la misma es previa al nuevo orden constitucional y, por tanto, encuentra cierta desconexión con la Constitución vigente, sobre lo cual nos referiremos más adelante.
Sin embargo explica que debe acotarse, al margen de su posición en el tiempo respecto al nuevo ordenamiento jurídico dominicano instituido desde la Constitución del 2010, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública ha sido un instrumento eficaz para fortalecer la transparencia en el país.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), ha establecido que,
El ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y por ende la gobernabilidad democrática.
En ese orden Precisa que el nuevo paradigma de Gobierno Abierto implica el ejercicio de este derecho y, por tanto, la implementación de la norma mencionada precedentemente ha permitido desarrollar una serie de políticas que trastocan el modelo de Estado como se conocía en décadas pasadas. Así las cosas, el Gobierno Abierto obliga a la bi-direccionalidad de información, entre gestores públicos y ciudadanos, a los fines de lograr –desde la democracia representativa–, un modelo de gobernanza más abierto, eficiente y que promueva verdaderos esquemas de colaboración.
De cualquier modo, la promoción de mecanismos legales que transparenten la gestión pública y faciliten el mejor uso de los recursos y el adecuado funcionamiento de las instituciones en base a los principios de probidad pública, transparencia y la obligación de rendición de cuentas de las autoridades a sus representados, así como el derecho de los ciudadanos de fiscalizar al Estado y sus políticas públicas, servirá como marco para la consolidación del sistema democrático.
Es por esta razón que urge adecuar los presupuestos normativos vigentes de la Ley No. 200-04 hacia el horizonte que prevé el neoconstitucionalismo y las mejores prácticas en materia de transparencia. Esto es, fortalecer puntualmente la obligatoriedad de que los poderes públicos emitan información manejable para toda la población; promover mecanismos de diálogo permanente entre la ciudadanía y el Estado; y evidentemente hacer aún más rigurosos los sistemas de consecuencias preestablecidos ante la ausencia de una información certera y veraz.
En ese sentido, al momento de repensar las herramientas que sirven como estandarte de una nueva institucionalidad basada en el fortalecimiento de la transparencia, no solamente debemos enfocarnos en lo que ofrecen aquellas letras pétreas legislativas. La realidad supera, en muchos casos, el alcance de las normas. Es por ello que, como garantía de respuesta frente a la ciudadanía de cara a un nuevo orden institucional, resulta inevitable combatir los elementos fundamentalmente adversos a la transparencia: la corrupción y la impunidad.
Para los países de América Latina ha sido un gran desafío histórico combatir la corrupción, en sus múltiples formas. Se han desarrollado múltiples teorías que intentan describir este flagelo cual elemento cultural intrínseco a nuestras poblaciones.
Sin embargo, consideran que el reto hoy es superar esta visión, comprendiendo la naturaleza de la corrupción y enfrentando una a una las condiciones que permiten su existencia en un Estado de Derecho.
“Indefectiblemente, este flagelo daña el tejido social y las relaciones entre el Estado y la sociedad, por lo que debemos combatirlo apostando al cumplimiento de los sistemas de consecuencias, la eficacia de la actuación administrativa y la responsabilidad de los órganos de control”, de acuerdo con Klitgaard, cada país posee una política, cultura e historia que afectan “tanto la forma de corrupción como las maneras de combatir esa corrupción”, aclara el escrito.
También, señala que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías minando la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Para contrarrestarla de manera eficaz, debemos hacer cumplir la ley.
De igual manera, establece que la Constitución dominicana debe servir de estandarte para la lucha contra la corrupción. Los valores que encarna la Carta Política que se ajustan a un modelo de Pacto Social que prima el respeto a los derechos fundamentales.
Huelga decir que las legislaciones previamente mencionadas son aquellas que expresamente versan sobre el tema de la transparencia de manera explícita, por lo que estaríamos en este escenario sin adentrarnos en el debate de la necesidad de fortalecimiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
Para Martínez Nogueira:
El articulo explica sobre la problemática institucional lo que comprende las cuestiones vinculadas a la coordinación de los intercambios entre actores sociales y a la producción de bienes colectivos. La calidad de las instituciones, de acuerdo al enfoque neoinstitucionalista, que es la dimensión mediadora fundamental entre propósitos, procesos y resultados.
Por lo tanto, estable que la nueva institucionalidad tiene mucho que ver con el diseño y ejecución de programas, políticas y planes que superen las debilidades del radio de acción estatal en décadas pasadas.
El documento se refiere al reconocido sociólogo Boaventura de Souza hace hincapié en que para el reconocimiento de la pluralidad humana se precisa a partir de dos criterios: 1) “una nueva gramática social y cultural”, 2) “el entendimiento de la innovación social articulada con la innovación institucional”; por tanto desde la propia perspectiva sociológica se prioriza la participación articulada de actores sociales en el orden institucional.
“De manera que, a modo de resumen, el principal desafío desde la transparencia de cara a un nuevo orden institucional, no se trata simplemente de que las informaciones estén disponibles, sino también que la cantidad y calidad sean suficientes y permitan a la sociedad supervisar aun los casos más complejos”, indica en por escrito.
Mencionando que, aun se percibe la resistencia opuesta por algunos sectores del Estado para someterse al control y supervisión de la sociedad civil en procesos relacionados a la fiscalización de lo público.
“A nuestro juicio, así encontraremos respuestas para luchar contra la corrupción y generar mayores niveles de gobernabilidad democrática. En lo que a nuestro país concierne, nos queda fortalecer los órganos de control, darle operatividad a los sistemas de consecuencias y seguir dialogando con la Administración para que, en lo adelante, el compromiso con las preocupaciones ciudadanas respecto a este flagelo tomen un rumbo más firme. La transparencia debe convertirse en el escenario natural de nuestras sociedades y en el estadio único de la nueva institucionalidad democrática:”, concluye el documento.
Documento integro emitido por:
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS
