El secretario general de la OEA, Luis Almagro, hará hoy la presentación del informe preparado por la comisión especial que estuvo aquí en torno al conflicto haitiano. Su contenido determinará, sin duda, el curso presente y futuro de las relaciones bilaterales y probablemente la calidez de nuestros nexos con el organismo hemisférico.
El gobierno haitiano ha mantenido una actitud muy hostil hacia la República Dominicana y esto no ayuda a sus nacionales, miles de los cuales serán regresados a su país si no llenan los requerimientos del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación de ilegalidad. Sus acusaciones han encontrado eco en organismos internacionales, muy activos en estos días en sus críticas al gobierno, atribuyéndole intenciones xenofóbicas, como la presunción de promover deportaciones masivas indiscriminadas. Lo cierto es que el gobierno incluso ha dilatado las repatriaciones flexibilizando sus planes en interés de evitar un conflicto que Haití parece interesado en alcanzar.
Por ejemplo, las autoridades vecinas han dicho que no admitirán a descendientes de haitianos nacidos en el territorio dominicano. Ese desafío plantea una inevitable confrontación, porque diariamente, y así lo ha admitido su destituido embajador en el país, decenas de parturientas dan a luz en hospitales dominicanos, la mayoría de ellas después de cruzar hacia este lado de la frontera con ese propósito. Tal actitud podría obligar al cierre de los puestos fronterizos para impedirle la entrada a miles de mujeres embarazadas necesitadas de un servicio de salud que no encuentran en su tierra. El gobierno ha pospuesto las repatriaciones como un gesto de buena voluntad, que no ha sido reciprocado por el vecino.
Sería inadmisible que el informe de la OEA a conocerse hoy pretendiera negarle al país su derecho a trazar políticas migratorias conforme a sus intereses y seguridad.
