Ante la falta de jueces de paz en los municipios y la inseguridad que, muchas veces obliga a los magistrados portar armas de fuego para su protección, levantó ayer la voz de alarma de representantes de la sociedad civil y gremios, quienes sugirieron una reingeniería en el sistema de justicia del país, así como un mayor presupuesto.
En una entrevista con elCaribe, el director de Administración y Carrera Judicial, Justiniano Montero Montero, había deplorado las malas condiciones en que se labora en tribunales de los distintos departamentos judiciales.
El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, entiende que esa situación no es más que la consecuencia de no asignarle al Poder Judicial el presupuesto que le corresponde por ley.
“Y no solamente tenemos escasez de jueces de paz, sino también, de jueces de primera instancia y de cortes de apelación; acuérdate que se han creado decenas de tribunales que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, lo que evidencia la precariedad con que se maneja el Poder Judicial”, manifestó el versado en Derecho.
Sostuvo que mientras este sector no reciba una mayor cantidad de recursos, la Justicia no podrá ampliar los servicios que ofrece a la ciudadanía.
“El sistema de justicia de la República Dominicana, por no contar con los recursos que deben asignársele, evidentemente funciona con unos niveles de precariedad sencillamente alarmantes. Por eso es que tú ves, que los pocos jueces que tenemos están abarrotados de casos”, subrayó el vicepresidente de Finjus.
Según Castaños Guzmán, en algunos tribunales se conocen cada día entre 30 y 40 audiencias.
Manifestó que el hecho de que jueces se desplacen a celebrar un juicio en los distritos judiciales con una “pistola en manos”, por carecer de seguridad, es solo un aspecto, ya que muchas veces, estos no reciben ni los viáticos relacionados con sus funciones.
“Estamos frente a un poder del Estado sumamente pobre, y estamos viendo cómo laboran sus miembros y estamos viendo, también, cómo el Poder Judicial en los últimos años no está implementando políticas públicas por falta de fondos públicos”, expresó Castaños Guzmán, tras precisar que el 97% del dinero que recibe el Poder Judicial es destinado al pago de nómina y el 3% a capacitación.
De su lado, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, al igual que el primero, plantea que el meollo del problema judicial radica en la falta de recursos económicos.
“A pesar de la falta de recursos, nosotros entendemos que hace falta una reingeniería en el orden administrativo a nivel del Poder Judicial, donde se puede atender esa falencia y se pueda dar una justicia digna y se puede proyectar esa dignidad que supone la eficiencia y el buen servicio”, indicó.
Partida especial
Potentini demandó del Gobierno una partida especial para ir en su auxilio, debido a los nuevos retos que tiene la Justicia por delante de cara a la nueva Constitución. Recordó que el acceso a la Justicia es un derecho fundamental de los ciudadanos, por lo que no ofrecer el servicio sería una negación.
El presidente de la FJT dijo que para nadie es un secreto que dentro de furgones se realizan audiencias judiciales en la República Dominicana, práctica que considera desdice mucho de cómo opera el sistema.
En tal sentido, Vidal Potentini abogó por ir en auxilio de ese poder del Estado, de manera tal que permita revestir de dignidad a la justicia dominicana.
Lamentó que sean los medios de comunicación los que han desnudado ese panorama, cuando debe ser una responsabilidad de las autoridades.
“Es una responsabilidad de la Justicia desnudar y presentar cuál es su situación y focalizar esos problemas y desde ahí, entonces darle la atención, priorizando las áreas que requieren mayor atención. Porque definitivamente es una calidad mínima la que se le está brindando al ciudadano como servicio, que es uno de los bienes más preciados”, precisó.
El jurista calificó de “desastre” el hecho de que jueces tienen que utilizar sus propias armas como medida de precaución, ya que no tienen seguridad, situación que entiende debe llamar la atención de las autoridades para proveerles un personal en ese sentido.
Colegio de Abogados
De su lado, el presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Diego José García, calificó de preocupante la falta jueces de paz, por lo que hizo un llamado al Consejo del Poder Judicial a que supla a los municipios de esa herramienta.
“Es preocupante que los jueces sean insuficiente y que a la vez, estén desprotegidos. En esas jurisdicciones de juzgados de paz no se está impartiendo justicia adecuadamente y entonces hay una deficiencia”, apuntó.
Denuncia de Montero
El director de Administración y Carrera Judicial denunció que la precariedad era tal, que algunos abogados desempeñan la función de jueces y que la acción pública no se mueve hasta que haya un número determinado de casos.
También agregó que los jueces se desenvuelven en una situación de inseguridad física, incluso portando su armas, por lo que hizo un llamado de auxilio para que la Justicia reciba un mayor aporte económico.
CARD pide al Consejo de Judicatura más jueces
El presidente del CARD demandó de la Escuela Nacional de la Judicatura terminar el proceso de formación de los jueces de paz, para que estos sean los que impartan justicia. “Deben ser jueces los que deben desempeñar esa función, no abogados. De manera que nosotros hacemos un llamado a la formación de jueces de paz, y que no se tenga que utilizar abogados, porque si no, hay una deficiencia en el desenvolvimiento de la Justicia de la República Dominicana”, manifestó. Diego José García, Servio Tulio Castaños Guzmán y Trajano Vidal Potentini fueron entrevistados por elCaribe vía telefónica.
