La confianza es una piedra angular de cualquier pacto, y un comportamiento transparente es absolutamente imprescindible para generar confianza. Esto habría que tenerlo muy presente si en los meses siguientes a las elecciones se pretende dar impulso al Pacto Fiscal que consigna la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
Una nueva fiscalidad, como el amigo y colega Guarocuya Félix atinadamente ha preferido llamar, parece ineludible para avanzar en el cumplimiento de muchas de las metas de la END y de los recién acordados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esa nueva fiscalidad debe procurar prácticas más sostenibles que reduzcan la dependencia del presupuesto público del crédito y que disminuya el peso de los pagos de deuda en el gasto total; también una mayor efectividad y justicia en el gasto público, mayor justicia en la recaudación de impuestos, y suficientes recursos como para poder financiar las labores ineludibles del Estado.
Estimaciones preliminares del Movimiento Justicia Fiscal apuntan a que financiar adecuadamente intervenciones críticas en el ámbito de la política social conlleva incrementar los recursos públicos en cerca de seis puntos porcentuales del PIB. A esto hay que sumar las obligaciones crecientes para pagar el servicio de la deuda pública.
Aunque ese esfuerzo sea impulsado a lo largo de varios años, se trataría de un ajuste tributario mayúsculo que sólo parecería políticamente viable en el marco de un acuerdo amplio. Pero un acuerdo de este tipo necesita que la población perciba que hay garantías de que el incremento de las recaudaciones servirá para alcanzar aspiraciones compartidas. Esas garantías pasan necesariamente por un ejercicio fiscal más transparente que asegure que la ciudadanía pueda ver exactamente en qué se gastan los recursos y cómo se gastan, y que los compromisos sean verificables.
Sin embargo, en meses recientes se advierten retrocesos en esta materia que minan la credibilidad del Estado en general y del gobierno en particular. Hay dos casos notables: las transferencias al sector eléctrico y los precios de los combustibles.
Con la significativa baja en los precios del petróleo, es esperable una sensible reducción en las transferencias corrientes al sector eléctrico, tanto por la reducción en el subsidio a la tarifa como por la reducción en el valor de las pérdidas de energía en la distribución. Sin embargo, a la fecha no existe información precisa disponible que refleje esto. El Informe de Ejecución Presupuestaria Enero-Marzo 2015 sugiere que en el primer trimestre del año ocurrió una reducción moderada de las transferencias corrientes al sector público, pero no las desglosa, y no se ha ofrecido información sobre la evolución de un subsidio gigantesco como este, que en 2014 explicó el 10% del gasto total del gobierno.
No debe haber dudas de que ha habido un ahorro importante debido a que el precio promedio a que las distribuidoras compran la energía se ha reducido. De allí que no sólo sea relevante conocer de cuánto ha sido, sino también cuál ha sido y será su destino, si se pretende disminuir la demanda de financiamiento presupuestario porque los gastos serían menores, o si se está gastando y/o se gastará en otras áreas. El tema es particularmente relevante porque el gobierno se ha embarcado en la construcción de la central termoeléctrica de Punta Catalina y no es un secreto que ha enfrentado dificultades para su financiamiento. Más de uno sospecha que se están usando recursos presupuestarios extraordinarios para avanzar obras. La ciudadanía merece saber.
Por otro lado, la evidencia sugiere que, antes que cumplir con la ley, el gobierno continúa ajustando discrecionalmente los precios de los combustibles en procura de maximizar las recaudaciones. La gente percibe que el gobierno se está quedando con su dinero, lo que alimenta las aprehensiones.
Por lo anterior, urge que el gobierno someta al Congreso una modificación presupuestaria que además de hacer realista el programa presupuestario adaptándolo a las nuevas circunstancias de reducidos precios del crudo, diga qué se propone hacer con los nuevos recursos que está teniendo.
Pero más generalmente, el gobierno tiene la obligación de informar. Eso contribuiría a hacer menos difícil el camino hacia un acuerdo fiscal robusto y de largo aliento que sirva al desarrollo. De lo contrario, las resistencias se harán más duras, y con ella el costo político del ine- vitable ajuste.
