En estos momentos, el tema más importante en la agenda nacional es el referente al enorme déficit fiscal que ha dejado la pasada administración y las consecuencias directas que tendrán las medidas que adopte el Gobierno para enfrentarlo.
Lamentablemente he llegado a considerar que nuestro déficit fiscal es estructural, por lo menos en lo que se refiere al gasto, a menos que el Gobierno se decida hacer los grandes ajustes fiscales que la situación requiere. Veamos.
En primer lugar se encuentran los sueldos y salarios. En el gobierno de Hipólito Mejía, el gobernador del Banco Central tuvo la entereza de decir que en ese momento sobraban 100,000 empleados públicos. Esta aseveración fue utilizada por la oposición para acusar a ese gobierno de un derroche de los recursos públicos.
Pues bien, tan sólo en los últimos 5 años, los empleados activos de la administración pública aumentaron en unos 250,000. Como consecuencia de ello, actualmente los gastos públicos en salarios representan cerca de un 50% de los ingresos tributarios y el Presidente Medina ha dicho que no piensa cancelar empleados públicos, por lo cual este porcentaje es prácticamente fijo.
En segundo lugar se encuentra el grave problema que representa el subsidio al sector eléctrico, el cual actualmente absorbe alrededor de un 14 % de los ingresos tributarios.
La causa fundamental de este enorme déficit es que todavía un 38% de la electricidad generada, no se cobra, debido a una serie de razones que los gobiernos no han querido superar por motivaciones políticas.
En tercer lugar está la amortización de la deuda pública para lo cual el gobierno tendrá de dedicar este año alrededor de un 37% del total de los ingresos tributarios. Esta es una obligación que lejos de mejorar, empeorará en los próximos dos años.
En cuarto lugar se encuentra la cantidad creciente que el gobierno tiene que entregar al Banco Central todos los años dentro del programa de recapitalización de esa institución, lo que en el 2012 representará alrededor del 7% de los ingresos tributarios, con el agravante de que si no lo hace, se podría perder la estabilidad cambiaria.
En consecuencia, para cubrir sólo estos cuatros renglones, el gobierno tendrá que dedicar una cifra superior al 100% de los ingresos tributarios. O sea que no le quedará nada para cubrir todos los demás gastos operativos (materiales y suministro, etc.) así como para financiar las inversiones públicas. Estas dos últimas partidas tendrán que ser cubiertas con endeudamiento público.
Como se puede apreciar estamos frente a un problema estructural al cual sólo se le podrá encontrar solución si el Gobierno se decide enfrentar todas las causas que provocan esta grave situación, sin tener que recurrir a la imposición de nuevos gravámenes a la población. l
