BOSTON (AP) — Los defensores de los inmigrantes están presionando a los legisladores estatales para que apoyen un proyecto de ley que dicen ayudará a reducir el nivel de deportaciones en Massachusetts.
Varias decenas de activistas se reunieron el miércoles en los escalones de la Legislatura para manifestarse a favor del proyecto de ley que ordenaría a las autoridades locales no remitir información a las agencias federales de Inmigración y Aduanas sobre los inmigrantes no autorizados pero también sin antecedentes penales graves.
El senador James Eldridge, principal patrocinador del proyecto de ley en el Senado estatal, dijo que la medida es una reacción al programa federal Comunidades Seguras, que comparte huellas de personas arrestadas con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.
Eldridge dijo que la mayoría de los deportados bajo el programa, provenientes de Massachusetts, no tenían antecedentes penales. Añadió que encuentros de nivel menor con la policía, como paradas de tráfico, no deben terminar por desencadenar deportaciones.
“La política de Comunidades Seguras se supone que se centra en los criminales violentos y de alto nivel”, dijo el demócrata. “Eso no es lo que está pasando en Massachusetts”.
El programa entró en vigor en Massachusetts el año pasado pese a las preocupaciones planteadas por el gobernador Deval Patrick y otros.
El proyecto de ley de Eldridge busca evitar que las agencias locales respondan a las solicitudes de los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener a presuntos inmigrantes sin permiso si la persona fue hallada no culpable, si los cargos fueron desechados o si se concedió libertad en espera de juicio.
El proyecto de ley también instruye a las agencias policiales a no poner a disposición del ICE a los prisioneros para interrogarlos a menos que puedan tener un abogado presente y se les ofrezca un formulario de consentimiento en un idioma que comprendan.
Los presos que están hospitalizados o en vigilancia por suicidio tampoco podrían ponerse a disposición del ICE, y a los reclusos no se les puede negar la libertad bajo fianza basándose únicamente en una solicitud por escrito del ICE según el proyecto de ley.
Sin embargo, los partidarios de Comunidades Seguras describen el programa como una herramienta importante para sacar del país a la gente que reside sin autorización legal y ha sido detenida por un crimen
