El debate acerca del contrato de explotación minera entre el Estado dominicano y la Barrick Gold se acentuó ayer, cuando el Senado se sumó a la posición de la Cámara de Diputados favorable a la revisión del convenio. Sectores de la sociedad civil y un exsenador por Monseñor Nouel también se adhirieron a las iniciativas que demandan mayores beneficios para el país.
En tanto, el embajador de Canadá, Georges Boissé, dijo que los inversionistas internacionales están pendientes del caso local de la Barrick, y el presidente de la Cámara Americana de Comercio, Julio Brache, consideró que la revisión del contrato debe ser un acuerdo de las dos partes.
La Barrick, vía su gerente de comunicaciones, Jorge Esteva, dijo que está dispuesta a discutir, pero que entiende que no es necesario negociar el contrato porque el mismo fue ratificado por el Congreso Nacional y además es, en la región de América Latina, el que mayor beneficio aporta al Estado.
“Entendemos que el contrato está bien como está, que es el contrato que más beneficios genera al Estado de todos los contratos de la industria en Latinoamérica y que, precisamente por eso, no necesita ser renegociado”, indicó Esteva.
Senadores
Varios senadores manifestaron ayer su interés de revisar el contrato de explotación minera de la Barrick Gold y el Estado dominicano como lo planteó el presidente de la Cámara de Diputados, por entender que el convenio es lesivo a los intereses del país.
Wilton Guerrero, representante por Peravia, dijo que está de acuerdo con la revisión, pero que esa es una opinión particular porque el tema no ha sido discutido en el bloque.
“Pienso que en el Congreso debíamos darnos un golpe en el pecho y pedirle perdón a la sociedad dominicana por aprobar ese contrato, que es leonino, que va en contra de los intereses nacionales”, dijo. Manifestó que si cometió un error apoyando el proyecto lo hizo por desconocimiento de lo que significaba para la sociedad porque solo beneficia a la empresa Barrick Gold.
Por su lado, la senadora por Dajabón, Sonia Mateo, también se sumó a los senadores que favorecen revisar el contrato porque en el caso de las provincias de la Línea Noroeste lo que ha hecho es generar problemas porque también la empresa afecta la zona en busca de oro.
Aseguró que las ganancias de la empresa minera no compensa los daños dejados al país sobre todo en el aspecto del efecto al medio ambiente.
Indicó que el tema lo ha conversado con otros colegas como Félix Vásquez, Adriano Sánchez Roa y Antonio Cruz y todos están de acuerdo con hacer la revisión.
En tanto que Rafael Calderón, de la provincia de Azua, dijo que es partidario de una revisión, pero tomando en cuenta a la empresa minera para que no haya consecuencias negativas para el país.
Sostuvo que el Estado por sí solo puede hacer cambios al convenio, pero que lo mejor es consensuar entre las partes para que no haya consecuencias jurídicas.
Entre los debates por la renegociación o no, del contrato con la Barrick, también se pronunció el exsenador por la provincia Monseñor Nouel, Enrique López, quien abogó por la modificación del convenio existente entre el Estado dominicano y la empresa minera, por considerar que el mismo representa pocos beneficios para el país.
“Recuerda que el contrato del 2002 fue modificado en el 2009 y si esto se pudo hacer, por qué no hacerlo ahora también”, indicó.
Afirmó que el contrato original de la mina de Cotuí se realizó en el 2002 con la empresa Placer Dome y contenía márgenes de beneficios favorables para República Dominicana, que significaban un 53.2% de las ventas totales, pero que con la modificación realizada en el 2009 hubo una disminución de los puntos que beneficiarían al país.
“Placer Dome le pasó los derechos a Barrick, pero no hay una transferencia formal. Eso se hizo a través de una compañía que crearon en Barbados llamada Pueblo Viejo Dominicana Corporation, para simular que esa empresa era la misma Pueblo Viejo Dominicana que había vendido el oro, para no hacer el traspaso y no pagar el impuesto de ganancia de capital que se debe pagar al Gobierno cuando se vende una empresa”, precisó.
López se mostró confiado en que el contrato será modificado y se sustenta en que ya depositó un recurso de inconstitucionalidad en el tribunal de primera instancia de la Cámara Penal de la Provincia Sánchez Ramírez.
Informó que las partes están citadas para acudir ante este tribunal el próximo 8 de febrero.
Recurso de amparo
Por otro lado, un grupo de organizaciones de la sociedad civil interpuso ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Industria y Comercio para que ofrezca detalles de los embarques de oro y plata realizados por la Barrick Gold.
Entre las entidades están el Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS); la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y otras de las regiones Sur y del Cibao. Las entidades denuncian que en los últimos cinco meses Barrick Pueblo Viejo ha estado enviando al extranjero barras de doré, una aleación de oro y plata, “sin que esa empresa ni ninguna autoridad dominicana haya informado a la opinión pública de los detalles de esta exportación”.
Congreso puede hacer lo que crea apropiado
Respecto a si es factible revisar el contrato, así como lo expresó la Cámara de Diputados, el director de Minería manifestó que el Congreso Nacional es un poder independiente del Estado y que el mismo puede manejar sus inquietudes como lo crean apropiado.
Sin embargo, como información general, el funcionario manifestó que este 2013 será para Barrick Pueblo Viejo su primer año de operación comercial y que tendrá más de 2,000 empleados permanentes y contratistas. Dijo que en sus primeros cinco años producirá al menos un millón de onzas de oro anuales, que a los precios actuales representan US$8 mil millones. Expresó que de acuerdo a Mining Journal, una revista especializada en minería, el total de oro en el depósito de Pueblo Viejo, contenido en las reservas alcanza los 37.4 millones de onzas de oro.
