Uno de los principales retos que tiene la democracia dominicana es el de revertir la situación de pobreza y desigualdad social que sigue afectando al país, a pesar de décadas de crecimiento económico. Contrario a lo que plantean los defensores del libertarismo, de que el mejor Estado es uno que sea pequeño y débil; entendemos que no es posible transformar la inequidad social y económica sin un sector público fuerte. Se requiere de un Estado que sea capaz de desempeñar su rol de formular e implementar políticas públicas que mejoren sustancialmente la calidad de vida de la gente.
Esto no es posible si los gobiernos no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo los planes y programas sociales que se requieren. Además de una buena definición y la incorporación de mecanismos de participación, la efectividad de las políticas sociales depende de los ingresos que tenga el Estado y de la forma en que estos son administrados. La baja presión fiscal en la República Dominicana, calculada en alrededor de un 14% del PIB, se constituye en un serio problema. Es por esta razón que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 plantea como prioridad el Pacto Fiscal, junto al Educativo y al Eléctrico.
El Pacto Fiscal debe conducir a la generación de los consensos sociales y políticos que permitan una nueva fiscalidad. Este es un proceso que el país está obligado a realizar después de las elecciones. Lamentablemente, algunos candidatos han preferido el discurso demagógico de que no se crearan nuevos impuestos o de que estos se reducirán; lo que es contradictorio con sus propias propuestas de incrementar programas sociales que demandarán nuevos recursos financieros. Este tipo de intervención empobrece el debate. De lo que se debería estar hablando es de en cuál dirección se debe hacer una reforma de la estructura fiscal, de manera que esta sea más progresiva.
Una nueva fiscalidad supone transformaciones profundas por el lado del gasto y por el lado de los ingresos. El proceso de reforma debe iniciar por mejorar la calidad del gasto público. Esto implica la puesta en vigencia de una serie de medidas que hagan posible una mayor eficiencia, racionalidad y transparencia del uso de los fondos públicos. Por el lado de los ingresos, no se puede seguir cargando a los más pobres con más impuestos; estos deben ser pagados por los sectores que más ganancias generan. En vez de discursos electoreros, los partidos deberían contribuir a generar información y capacidades en los sectores populares y sus organizaciones, para el debate que ha de venir.
