Con la firma de un compromiso de seis puntos, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial y de los diversos departamentos judiciales del país, clausuraron este viernes la III Fase de la Cumbre Judicial Nacional (CJN), en la cual prevaleció la solicitud de mayor presupuesto para el sector.
El presidente de la SCJ y del CPJ, Mariano Germán Mejía, fue enfático al asegurar que seguirá impulsando acciones concretas para que se cumpla con la asignación del 2.66% del presupuesto general del Estado para la justicia.
Agregó que luego de la consulta nacional, se acordó evitar los traslados no consensuados de jueces, de modo que no se utilice este mecanismo como una sanción; además, resaltó que se revisará el rol de la figura del Ministerio Público en los procesos disciplinarios de los jueces y que se revisará el sistema de seguridad social, laboral y de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial.
“Soy optimista, la Cumbre Nacional Judicial, ha sido un nuevo punto de partida y una excelente herramienta para fortalecer nuestro Poder Judicial y mejorar el sistema de justicia en armonía con los requerimientos de esta sociedad dominicana.
Detalló que la Cumbre, que se inició el pasado mes de febrero con la convocatoria y la designación de las comisiones, se desarrolló a través de seis ejes temáticos entre los cuales destacan la autonomía e independencia, el acceso a la justicia, la eficiencia y eficacia en el procesamiento de los casos, coordinación interinstitucional, integridad en la labor judicial y gestión administrativa.
“Se trata de una apertura para que usuarios, servidores, sectores ligados a la administración de Justicia, el Estado, la Sociedad Civil, a través de sus aportes, puedan colaborar con la consolidación de un poder judicial eficiente, transparente, independiente y cohesionado”, señaló.
También, el coordinador de la CJN, Samuel Arias Arzeno, explicó que en esta estrategia el Poder Judicial encontró el espacio adecuado para hacer una revisión de su pasado y de su presente, con miras a asumir los compromisos necesarios que permitan desarrollar un sistema de administración más transparente.
“Es una iniciativa que surge a lo interno del Poder Judicial, con el objetivo de identificar acciones y concretar compromisos, partiendo de un proceso de reflexión plural sobre los avances y desafíos de nuestra institución”, expresó.
Detalló que durante el proceso de consultas participaron 1,848 encuestados, se celebraron 11 encuentros departamentales para un total de 1,076 participantes; 4 foros regionales con el sector justicia con un total de 343 participantes y 4 foros regionales con la sociedad civil, con un total de 378 participantes.
“La participación activa en cada uno d estos foros, demostró que la justicia es una preocupación de todos y que la mayoría de las personas e instituciones participantes, estuvieron dispuestas a aportar para la construcción de un mejor poder judicial”, aseveró.
El evento central de la Cumbre, contó además con la participación de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Zarela Villanueva Monge, el juez de la Sala Tercera – Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia del órgano Judicial de Panamá, Cecilio Cedalise Riquelme y el expresidente del Tribunal Supremo del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, Federico Hernández Denton.
Anexo:
Compromisos del Poder Judicial de la República Dominicana en el marco de la Cumbre Judicial Nacional 2016
El Poder Judicial Dominicano, representado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, los Presidentes de Salas de la Suprema Corte de Justicia, los Consejeros del Poder Judicial, y los Presidentes de las Cortes de Apelación de los Departamentos Judiciales de la República Dominicana, una vez concluidas las fases de consulta y reflexión de la Cumbre Judicial Nacional, revisados y analizados los resultados obtenidos, asume los siguientes compromisos relativos a los ejes temáticos sobre los que se sustenta el proceso de esta Cumbre Judicial Nacional:
I: Autonomía e Independencia
- Garantizar la independencia interna del Poder Judicial;
- Diseñar, desarrollar e implementar una estrategia comunicacional que garantice la diafanidad de las informaciones y el carácter educativo de las mismas para los medios de comunicación.
- Impulsar las acciones necesarias para lograr la asignación presupuestaria que le corresponde por ley al Poder Judicial.
II: Acceso a la Justicia
- Desarrollar acuerdos y compromisos dirigidos a materializar acciones con miras a lograr que la justicia dominicana cuente con edificaciones adecuadas, con centros de información equipados, con un personal capacitado y sensibilizado en la atención al usuario/a;
- Incentivar un mayor acercamiento entre la justicia y la ciudadanía, que garantice el acceso a la justicia de usuarios y usuarias;
- Crear un sistema de monitoreo y evaluación transparente y una difusión clara y eficaz del accionar del Poder Judicial para fortalecer la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la administración de justicia;
- Fortalecer el equipamiento y uso de las tecnologías en los tribunales, a nivel nacional;
- Fortalecer la aplicación de las políticas de género por parte de todos los actores del sistema de justicia;
- Crear un banco de intérpretes judiciales en todas las lenguas.
III: Eficiencia y eficacia en el procesamiento de los casos.
- Continuar promoviendo dentro del Poder Judicial el uso eficiente de los métodos alternos de resolución de conflictos, la aplicación de la política de resolución de conflictos aprobada en el año 2005; así como el desarrollo de procesos educativos dirigidos a la ciudadanía sobre los métodos alternos de resolución de conflictos;
- Realizar cambios en la gestión de las jurisdicciones para una más eficiente distribución de los casos entre jueces/zas;
- Continuar la implementación del modelo de gestión de despacho en todas las jurisdicciones;
- Ampliar y eficientizar los centros de citaciones;
- Implementar un sistema electrónico de citaciones y notificaciones;
- Fortalecer las competencias de los jueces y juezas en su rol gerencial;
- Estandarizar los procedimientos propios de los tribunales, por materia, respetando la autonomía funcional de cada tribunal;
- Incrementar el personal de apoyo a los tribunales;
- Aumentar el número de salas y la disposición de jueces liquidadores;
- Optimizar los recursos disponibles mediante un programa de capacitación, monitoreo y depuración bajo un régimen de consecuencias para garantizar la eficacia;
- Distribuir de manera más eficiente los recursos humanos del Poder Judicial de acuerdo a la carga laboral de los tribunales;
- Replicar las mesas de coordinación interinstitucional entodas las jurisdicciones.
- Tomar en cuenta la especialización como un elemento a valorar y que el juez asuma el compromiso de especializarse acorde al puesto designado.
IV: Coordinación interinstitucional
- Poner los resultados emanados de este proceso a disposición del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional, del Ministerio Público, de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, del Colegio de Abogados de la República Dominicana, de la Policía Nacional, de los Ministerios de Trabajo, de Educación, de la Mujer, de Hacienda, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), gremios profesionales, organismos internacionales de cooperación y organizaciones de la sociedad civil, para analizarlos juntos y que puedan convertirse en acciones y proyectos conjuntos que tendrán como resultado final una mejor justicia para todos y todas.
V: Integridad en la labor judicial, sistema de carrera y régimen de consecuencias.
- Fortalecer la Inspectoría General con la ampliación y eficientización de las inspectorías regionales, para el análisis de denuncias; para que cuenten con protocolos y reglamentos estandarizados;
- Actualizar el sistema de evaluación de desempeño de jueces y demás servidores judiciales, en base a un sistema multifactorial y objetivo;
- Establecer mayor rigurosidad en el sistema de vigilancia del comportamiento ético de los jueces y servidores judiciales, fortaleciendo el funcionamiento del Comité de Comportamiento Ético;
- Revisar y adecuar el actual reglamento del escalafón judicial, para una mayor eficiencia y transparencia;
- Evitar los traslados no consensuados, de modo que no se utilicen estos como sanción;
- Garantizar los derechos fundamentales en los juicios disciplinarios de los jueces y demás servidores judiciales;
- Revisar el rol de la figura del Ministerio Público en los procesos disciplinarios;
- Evaluar la posibilidad de la ampliación de la cobertura del seguro de salud, sin lesionar el salario de los servidores judiciales;
- Analizar y adecuar la Ley de Carrera Judicial y su Reglamento de aplicación, de conformidad con las disposiciones de la Constitución vigente, y someter el proyecto de modificación al Congreso Nacional;
- Ampliar los programas de capacitación de la Escuela Nacional de la Judicatura, ya sean presenciales y/o virtuales;
- Revisar el sistema de seguridad social, laboral y de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial.
VI: Gestión administrativa y Presupuesto
- Realizar acciones concretas para el cumplimiento de la asignación del 2.66% en el Presupuesto General del Estado, como establece la ley;
- Revisar los procedimientos administrativos internos, para favorecer la descentralización y la eficientización de los mismos;
- Revisar la distribución presupuestaria, de manera que sea más equitativa tomando en consideración la carga de trabajo y el tamaño de los Departamentos Judiciales.
Para el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de estos compromisos declaramos que los aquí firmantes conformarán una comisión integrada por: un juez de la Suprema Corte de Justicia, un miembro del Consejo del Poder Judicial, un juez de Corte de Apelación, un juez de primera instancia, un juez de paz, el Director General de Administración y Carrera Judicial, la Directora General Técnica, el Inspector General, el Contralor General y la Directora de la Escuela Nacional de la Judicatura; como representantes externos invitamos a formar parte de la misma, al Lic. Antonio Medina Calcaño, Presidente de la Mesa Nacional de Decanos y Directores de Escuelas y Facultades de Derechos; el Lic. Miguel Surum Hernández, Presidente del Colegio de Abogados; y el Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán en representación de la Coalición “Acción para la Justicia y Seguridad.
Hecho y firmado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los siete (7) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016).
Por el Consejo del Poder Judicial
Dr. Mariano Germán Mejía
Lic. Víctor José Castellanos Estrella
Lic. E. Radhamés Rodríguez
Lic. Fernando Fernández
Lic. Leonardo Recio Tineo
Por la Suprema Corte de Justicia
Dr. Julio César Castaños Guzmán
Dra. Miriam Germán Brito
Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia
Por los Presidentes de Cortes de Apelación:
Departamento Judicial de Distrito Nacional:
Mag. Julio César Canó Alfau
Mag. Manuel Alexis Read Ortíz
Mag. Banahí Báez de Geraldo
Mag. Julio César Reyes José
Mag. Francisco Antonio Pérez Lora
Departamento Judicial de Santo Domingo
Mag. Mirtha Cecilia González
Mag. Yadira De Moya Kunhardt
Mag. Manuel del Socorro Pérez García
Mag. Elena Berrido Badía
Departamento Judicial de La Vega
Mag. Arelis Ricourt
Mag. Eladio Pérez
Mag. Amaurys Pimentel
Mag. Bernabel Moricete
Departamento Judicial de Santiago
Mag. Nancy Salcedo
Mag. Francisca Javiela García
Mag. Altagracia Uffre
Mag. Fabio Guerrero Bautista
Mag. Juan Anibal Rodríguez Fernández
Departamento Judicial de San Pedro de Macorís
Mag. José Manuel Glass Gutierrez
Mag. José Manuel Mendez Castro
Mag. Marcelina Hernández Japa
Mag. Juan Tomás Mercedes Payano
Mag. Federico Chaín Chaín
Departamento Judicial de San Francisco de Macorís
Mag. Claudio Anibal Medrano
Mag. Ricardo Ventura
Mag. Gregorio Cordero
Mag. Delfina Amparo De León
Mag. Julio Manuel Castillo Plata
Departamento Judicial de San Cristóbal
Mag. Juan Proscopio Pérez Minyetti
Mag. María Gerinelda Garabito
Mag. Rosa Angélica Rodríguez Nina
Departamento Judicial de Barahona
Mag. Maria Australia Matos Cortes
Mag. Alba Selene Bourroughs
Departamento Judicial de San Juan de la Maguana
Mag. Manuel Antonio Ramírez Susaña
Departamento Judicial de Puerto Plata
Mag. Juan Suardí García
Departamento Judicial de Montecristi
Mag. Arleny Miguelina Cabral Then
Testigos
Dra. Zarela Villanueva Monge
Presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica
Dr. Federico Hernández Denton
Ex Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico
Dr. Cecilio A. Cedalise Riquelme
Magistrado de la Sala Tercera – Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá
Refrendado:
Lic. Antonio Medina Calcaño
Presidente de la Mesa Nacional de Decanos y Directores de Escuelas y Facultades de Derechos
Lic. Miguel Surum Hernández
Presidente del Colegio de Abogados
Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán Representante de la Coalición “Acción para la Justicia y Seguridad”.
