Siguen consternando a toda la sociedad dominicana los niveles de violencia alcanzados en el país. Las víctimas del delito común, la violencia intrafamiliar, los supuestos intercambios de disparos, el crimen organizado, entre otras formas de violencia, hacen parte de una cotidianidad que se torna cada vez más alarmante. La triste noticia del asesinato del alcalde de Santo Domingo Este y su guardaespaldas, se convierte en un urgente llamado de atención a la consciencia nacional sobre la gravedad de la situación y la necesidad de que de manera colectiva e individual se haga todo lo posible por detener esta violencia generalizada.
La sociedad debe avanzar hacia una cultura de la tolerancia, el diálogo y la paz. En tanto, no se puede perder de vista el contexto electoral que vive el país, el cual puede generar también diversos actos de violencia. Lo acontecido el pasado fin de semana en la convención del PLD, en la que dos personas perdieron la vida y otras tantas resultaron heridas, es una mala señal de lo que puede pasar durante la campaña electoral. En un país en el que existe una limitada cultura para resolver las diferencias en base al diálogo y en el cual proliferan las armas de fuego, la competencia electoral puede tornarse peligrosa.
Las del próximo año, serán las elecciones más complejas que se tendrán en el país durante los últimos 20 años. Decenas de miles de candidatos competirán por más de cuatro mil cargos; con la gravedad de que se asistirá a un proceso con una débil regulación y con un órgano electoral que no está muy dispuesto a intervenir en la campaña. A esto se suma el hecho de que los candidatos tienen que invertir cuantiosos recursos para hacer proselitismo y además, tienen muy altas sus expectativas de que los cargos les puedan ayudar a mejorar sus condiciones económicas. En ese escenario, la competencia electoral se convierte en una batalla de vida o muerte. Aquí se intenta ganar apelando a todos los medios posibles, incluyendo el uso de la fuerza. En tal sentido, el riesgo de violencia que esto supone es sumamente preocupante. Por esta razón, deben crearse las condiciones para evitar un proceso electoral empañado por la violencia y la pérdida de vidas humanas. La primera señal que deben enviar las autoridades, es la de que no se está dispuesto a tolerar este tipo de actos, investigando los hechos ocurridos en el PLD y sancionando de manera ejemplar a sus responsables. Que los muertos de campaña sí se pagan.
