Lo que debería ser un proceso ordinario en cualquier país, en el nuestro se vuelve una encrucijada. Es el caso de la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y el Tribunal Superior Electoral, por los respectivos órganos competentes: El Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Consejo Nacional de la Magistratura.Como nuestras autoridades no observan las leyes y reiteradamente violentan disposiciones expresas sobre formas de elección de los miembros de distintas instituciones, como acaba de suceder con Pro Competencia, evidenciando o un descomunal irrespeto a la ley o un imperdonable descuido y, en adición actúan generalmente guiadas por intereses políticos partidarios desnaturalizando preceptos, distorsionando roles y quebrantando el orden moral; es indiscutible que sus decisiones terminan siendo receladas por la sociedad.
No hay justificación alguna a que en nombramientos que dependen del Poder Ejecutivo consuetudinariamente se produzcan supuestos “errores” que son violaciones a la ley, designando funcionarios directamente cuando deben ser escogidos mediante ternas, nombrando otros que no cumplen los requisitos, irrespetando los períodos de mandato, y en ocasiones no designando los sustitutos de quienes tienen sus mandatos vencidos sometiendo a las instituciones a un limbo legal.
Y esa es una de las mayores amenazas para una sociedad, cuando no se cree en las autoridades y se desconfía de las mismas, pues las consecuencias no pueden ser otras que la anarquía, la inequidad y la inseguridad jurídica.
Por esto, por más que el Senado intente reivindicar sus facultades para seleccionar directamente los miembros de la Junta Central Electoral o para elegir los de la Cámara de Cuentas de las ternas propuestas por la Cámara de Diputados, lo cierto es que no generan confianza por su propio historial que no ha sido otro que el de elegir personas convenientes a la mayoría política de turno, las que aunque cumplan con los magros requisitos mínimos exigidos por nuestra Constitución, en la mayoría de los casos, salvo honrosas excepciones que las hay, contradicen los principios elementales para el buen ejercicio de sus funciones.
Y no es cuestión de hacer supuestos procesos abiertos ni televisados como ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura, ni de que se permita inscribir candidaturas, pues es tan baja la confianza en los mismos que pocas personas verdaderamente idóneas para ocupar esos puestos se expondrán al irrespeto que ordinariamente se deriva de estos, pues terminan escogiéndose quienes no exhiben más méritos que sus simpatías o afiliaciones partidarias ni más preseas que los cargos que han ocupado gracias a las mismas.
Por eso, por más que duela el orgullo por la forma más que por el fondo de la decisión tomada por el gobierno de los Estados Unidos de América de revocar el visado del todavía presidente de la Junta Central Electoral, es una forma desesperada de hacer recordar lo que sucede cuando se pierde la confianza y la credibilidad en los que deben fungir como árbitros en nuestra sociedad.
Mientras los miembros de las instituciones sigan siendo electos por conveniencias políticas y no por méritos y las instituciones sigan siendo vistas por el poder político como instrumentos para usar a su mejor interés, seguiremos teniendo instituciones débiles que no cumplen el rol que están llamadas a cumplir, funcionarios poco creíbles y desconfianza generalizada en las instituciones y las autoridades, las que si bien tienen el mandato legal para decidir esos nombramientos, carecen de la legitimidad para imprimir a los mismos credibilidad y respeto.
