La rueda está en marcha. Primero fue la lucha por la defensa de un parque nacional. Le siguió la acción ciudadana por una Constitución que defendiera el derecho a la vida de las mujeres. Más tarde vino la lucha por un adecuado financiamiento a la educación pública. Junto a ella estuvo la movilización contra la minería depredadora del ambiente y del fisco.
Las acciones públicas en rechazo al paquete tributario y en reclamo de justicia fiscal han sido las protagonistas de la última ola de movilización social, la cual, unida al resto, parecen empezar a marcar un cambio en el espacio político y social dominicano. ¡Enhorabuena!
En los últimos años se percibe una conciencia acrecentada en una parte de la ciudadanía, expresada de forma cada vez más articulada y efectiva en defensa de derechos fundamentales: un medio ambiente sano, el derecho a la vida, a la educación, a un Estado decente y a un ejercicio político que represente a la gente.
El activismo ciudadano reciente está impugnando, de una manera inédita en el país, un ejercicio político fundamentado en el clientelismo partidario y empresarial, y en una amplia autonomía de los grupos políticos en el manejo del Estado que les ha permitido abusar de los recursos públicos para apalancar sus proyectos políticos y económicos tejiendo alianzas políticas a partir de prebendas económicas y aglutinando apoyo de grupos económicos seleccionados por la vía de asegurarles jugosos contratos y tratamientos fiscales especiales. El resultado ha sido un Estado incapaz de cumplir con elementales tareas de protección y promoción del desarrollo, y una creciente erosión de su legitimidad y de la de los grupos políticos.
Más que un rechazo a la propuesta tributaria, la movilización contra el paquete tributario es una impugnación al Estado y a su comportamiento, y a los grupos políticos que hace mucho tiempo dejaron de representar a la sociedad en su diversidad. Y esa movilización en reclamo de justicia fiscal, del fin de la impunidad y de la corrupción, y de un Estado que proteja y promueva el desarrollo humano parece que continuará.
Ha quedado claro que no eran los intereses empresariales o de la oposición partidaria los que estaban detrás de la agitación pública. Se trata de un movimiento diverso pero independiente de esos intereses, que emergió espontáneamente desde gente preocupada por lo colectivo e indignada por el comportamiento de los actores políticos que manejan los recursos públicos, legítimo por demás en sus objetivos, y aunque su base parece estar constituida por sectores medios urbanos, apuntan a complementar las luchas locales, generalmente invisibles a nivel nacional, las cuales tienen un claro trasfondo fiscal.
Sin embargo, la lucha por justicia fiscal necesita, además de la misión de largo plazo que tiene, metas concretas que provean energías a la gente que se moviliza y actúa en las calles, en los espacios colectivos gremiales y territoriales, y en las redes sociales. Estas pueden ser cuatro de ellas.
Primero, que se abra un proceso de investigación con respecto a las razones que generaron el impresionante desborde presupuestario de 2012, y los abusos evidentes en el uso de los recursos públicos en años recientes. La investigación, que es lo mínimo que se puede pedir, debe deducir responsabilidades políticas y/o penales. La impunidad y el olvido es lo que siempre se ha hecho, y nos tiene donde estamos.
Segundo, que queden eliminados el “barrilito” y el “cofrecito” del presupuesto de 2013. Estas son dos de las figuras más vergonzosas del ejercicio clientelista de la política en el país, que convierten los derechos de todos y todas en privilegios de unos pocos con vínculos políticos.
Tercero, que se construya un presupuesto a partir de “cero”, en procesos abiertos y con amplia participación ciudadana. Hay que terminar con la perniciosa forma de construir presupuestos a partir de ejercicios pasados porque perpetúan el dispendio, la ineficiencia, la corrupción y la discrecionalidad.
Cuarto, que se reduzca el gasto y se racionalice el servicio exterior dominicano a partir de 2013. Esta es otra de las caras más visibles de los privilegios y el uso abusivo de los recursos públicos.
