Guaymate, La Romana.- En una de las verdes casitas del batey Nigua, Carmela Noel Luis, vive, o sobrevive, con la existencia limitada. Pero, aunque el prejuicio lo sugiera, no truncan sus intentos de desarrollo personal los vastos campos de caña que la rodean desde el día en que nació, ni la extrema pobreza de su familia, ni los pedregosos caminos que debe recorrer a pie para llegar a un centro médico público cuando se le complica la salud, ni la falta de agua, ni la pestilencia de la letrina que comparte con los vecinos.
A sus veinte años, la muchacha de carne tersa y sonrisa amplia siente que todos sus proyectos están en el limbo, porque en la Oficialía del Estado Civil de Guaymate, donde en 1992 la declararon dominicana, hoy le niegan una copia o extracto de su acta de nacimiento. Sin ese documento no puede conseguir la cédula de identidad, y sin la cédula no puede buscar un trabajo formal o estudiar la carrera universitaria en la que siempre se proyectó: Administración de Empresas.
Sentada bajo uno de los árboles que dan sombra en el patio común del batey, y con un repentino brillo en sus ojos negros, Carmela dice que tiene miedo al futuro. Teme vivir para siempre en la miseria heredada de sus padres. Y teme, sobre todas las cosas del mundo, condenar a su hijo al mismo destino, a la misma incertidumbre. “Ahora estoy pensando en los papeles de mi hijo. Quiero que estudie para que se haga profesional y pueda trabajar, que no esté rondando por ahí, que no se haga un vago, un delincuente”, explica la muchacha, mientras se acaricia la barriga henchida por un sano embarazo de siete meses.
El problema existencial de Carmela Noel Luis es el mismo por el que atraviesan otros miles de niños, adolescentes, jóvenes y adultos de República Dominicana.
Fueron afectados por la resolución 12-2007 de la Junta Central Electoral (JCE).
La medida suspende las actas de nacimiento (y las cédulas emitidas a partir de ellas) que contengan vicios o irregularidades como: uso de tintas no autorizadas; escritura posterior a la clausura del libro de registro; contenido modificado de manera ilegal; duplicidades de información; alteraciones de fechas, nombres u otras formalidades importantes.
El presidente de la JCE, Roberto Rosario, asegura que la acción administrativa tiene un carácter general, porque pretende el saneamiento amplio del Registro Civil.
Sin embargo, por casualidad, por asuntos del azar, por la decisión deliberada de algún funcionario o por cualquier otro motivo, con la resolución 12-2007 se afectó específicamente a una gran cantidad de dominicanos (se habla de más de 20 mil), cuyos progenitores son inmigrantes haitianos que se establecieron definitivamente en el país después de trabajar durante veinte, treinta y hasta cuarenta años en la otrora pujante industria del azúcar.
Así lo confirma un estudio del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, el cual ubica a la mayor parte de los afectados en los bateyes de San Pedro de Macorís, Monte Plata, Bahoruco, Barahona y La Romana. La investigación indica que en el 59% de los casos de suspensión de actas, las afectadas son mujeres, mientras que los hombres son el 41%.
“El tramo de edad que resulta más afectado (48%) se sitúa entre los 15 y los 24 años, seguido por el tramo incluido entre los 25 y los 29 años (14%)”, señala el informe para referir que en el grupo de “sin papeles” generado por la acción administrativa de la JCE, los jóvenes productivos son la gran mayoría. Si el Estado no les devuelve la condición civil plena, cada vez que uno se reproduzca reproducirá en sus hijos el mismo limbo documental, como lo hará Carmela Noel Luis en los cañaverales de La Romana.
De la pasividad al reclamo
Los inmigrantes haitianos que en el siglo pasado llegaron al país bajo contrato con el Gobierno o con el sector privado para trabajar en los campos de caña de la industria azucarera, no solían responder de manera organizada a las políticas oficiales. En el libro “La nueva migración haitiana”, el historiador y diplomático Rubén Silié, registra que eran pobres campesinos, hombres y mujeres de baja o nula educación formal que andaban por esta parte de la isla tratando de superar la pobreza enciclopédica de Haití. Durante décadas fueron sujetos pasivos frente a los diferentes tipos de abusos que se cometían en su contra. Pero sus descendientes no quieren ni pretenden asumir la misma conducta. Nacieron, crecieron, se educaron, trabajan o pretenden trabajar en este territorio, considerándose tan dominicano como el que más.
Luego de que la JCE los afectara con la resolución 12-2007, aprovecharon el respaldo del Centro Bonó para agruparse en una organización sin fines de lucro que denominan “Reconocido”. Desde esta plataforma mantienen una lucha pacífica en reclamo de que el Estado les permita acceder a los documentos de identidad que necesitan para ingresar al sistema de educación superior, a la seguridad social, a puestos de trabajo de mayor calidad o a la simple lista de matrimonios legales.
“Teníamos una vida normal, como cualquier otra persona de este país. Pero de repente, cuando vamos a exigir nuestros documentos, nos dicen que no nos los pueden dar, que estamos en una situación irregular. Eso es un golpe duro, muy duro”, dice Juan Enrique Telemín, uno de los jóvenes que coordinan “Reconocido” en los bateyes de La Romana. Dinámico, alegre, y con facilidad para expresar sus ideas, Juan Enrique es quien mantiene motivadas a Carmela Noel Luis y a las demás muchachas de Guaymate para que no se rindan hasta que la Junta les devuelva “el derecho a la identidad”.
“Reconocido” tiene presencia en las diferentes regiones del territorio. Ha levantado su voz frente a la Suprema Corte de Justicia, en los alrededores de la JCE, en el Congreso Nacional, en varios foros políticos y ciudadanos, y hasta en el Parque Independencia, símbolo eminente de la dominicanidad. En cada escenario la táctica de reclamo parece la misma: decenas o cientos de personas vestidas de negro (como señal de luto) se reúnen a cantar, a recitar poemas, a lanzar consignas, y a levantar pancartas contra lo que consideran racismo, prejuicio y, sobre todo, una política de registro civil violatoria de sus derechos fundamentales.
“¿Si no soy de aquí, de donde soy?”, “Somos dominicanos, y tenemos derechos”; “puedo ser extranjera en cualquier lugar, menos aquí”, rezan algunos de los carteles y consignas que los afectados alzan frente a las autoridades.
En los tribunales
Como sus manifestaciones públicas no han cambiado en nada la resolución 12-2007, ni sus consecuencias, los ascendientes de haitianos que se agrupan en “Reconocido” armaron un equipo legal y subieron a los tribunales a defender sus derechos.
Presentaron sus argumentos. Debatieron con los representantes de la Junta. Y, después de analizar a fondo el caso de “desnacionalización” premeditada, como lo llaman en el Centro Bonó, jueces de El Seibo, Monte Plata, Higüey y San Pedro de Macorís ordenaron que el pleno de la JCE entregara sus respectivas actas de nacimiento y cédulas de identidad a más de 200 personas. Pero la institución tampoco cedió. Apeló los veredictos. Y en marzo, por la insistencia de una generación que no parece rendirse como lo hicieron sus padres bajo la explotación de la zafra, el tema discutirá en una de las salas de audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Se puede esperar una condena irrevocable para el Estado dominicano, que probablemente tendrá que indemnizar a los afectados”, prevé el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, seguro de que, en este caso, la Justicia está del lado de los dominicanos y dominicanas que tienen sus vidas civiles suspendidas por la famosa resolución de la Junta Central Electoral. l
Perfiles de los afectados
Javier de la Rosa
No pudo llegar a grandes ligas
Javier de la Rosa (22 años) duró seis años practicando béisbol en Barrio Lindo, San Pedro de Macorís. Ya estaba listo para firmar un contrato profesional con los Indios de Cleveland, pero, por falta de un acta de nacimiento, no pudo llegar a donde juegan las grandes estrellas de su deporte favorito. Ahora trabaja cargando galones en Agua Pelícano.
Marleny Silvano
Aspirante a profesional
Marleny (16 años) tiene copia de su acta de nacimiento. Pero cuando va a la oficialía a buscar un extracto para inscribirse en un nuevo centro educativo, las autoridades le explican que su vida civil está suspendida, por la resolución 12-2007. “Yo trato de ir a todas las actividades del movimiento, porque quiero seguir estudiando”, dice.
Ramón Fanellys
Trabajador de la caña
Ramón Fanellys (60 años) tiene cédula de identidad dominicana. Pero necesita un extracto de acta de nacimiento para aplicar en el sistema de pensiones. Ha trabajado por más de treinta años en los campos de caña y los RD$700 que recibe mensualmente del Programa Solidaridad no le alcanzan para vivir, y mucho menos para atender su precaria salud.
