Elegir jueces por voto popular no es más locura que si los eligen los políticos. Que los elija un señor que se ha endiosado él solo, peor. Debemos exigir justicia con convicción, y exigirla con participación directa en las calles, si no, ellos, los ladrones, ganarán. El crespón negro del expresidente de la Suprema Corte de Justicia y el “caso fracasado” de la fiscal son las más recientes y vergonzosas declaraciones. Lo de la fiscal y Funglode es otro crespón que se añade al rosario de actos e “indelicadezas” que se perpetran contra el Estado de Derecho en RD.
“…Sun Land fue un caso eminentemente político que se le dio una solución política…”, dijo de forma innoble un exjuez. Es querer equiparar la política con el robo. Es querer meternos por debajo de la mesa que los políticos en el poder pueden hacer lo que les de la gana porque todo hecho de un político es un acto político, ergo, está exonerado de culpa. Hemos caído en la trampa de que sean dos o tres políticos quienes nombren a casi todos los jueces, fiscales e instituciones. Ahora es que se entenderá por qué se llaman “instancias privilegiadas”.
Si lo de la Sun Land se hizo así, como dice de forma descarada Jorge Subero, ¿qué podemos esperar de la actual Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional? Tendremos que esperar lo mismo que ha hecho la fiscal del Distrito Nacional, decir que usar el erario para beneficio personal no existe como delito tipificado en nuestro sistema de justicia penal. Tribunales y fiscalías construidos Ad Hoc para encubrir al genio del espectáculo de latrocinio llamado “Caso Sun Land”, a su pandilla, y a su partido.
“…Yo entendía que hubiese sido un desatino de nosotros dar el fallo en medio de esa campaña electoral…”, tiene el descaro de decir ese personaje, quien dirigió la justicia dominicana pensando en campañas electorales o en compromisos con el descaro político. Entendió que administrar justicia correctamente y con apego a la Ley hubiese sido un desatino. Argumento parecido a lo que dice ahora la fiscal del Distrito en relación a la afrenta llamada Funglode.
Las escuelas de Derecho deberán citar siempre el caso Sun Land y las declaraciones posteriores del exjuez para que los estudiantes aprendan el significado del término prevaricación, que la RAE define como: “Delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario”.
Los casos Sun Land y Funglode ante la justicia nos dejan la sensación de país fracasado con parque cibernético. El PLD y su presidente han trabajado eficientemente para que sea así.
