El éxito de las políticas públicas pasa por mejorar la eficiencia del gasto público y combatir las prácticas fraudulentas en la administración del Estado. Esto supone fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, tanto interno como externo, que corresponden a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, respectivamente. Es decir, si existe la voluntad de avanzar en materia de transparencia, habrá que contar con la Cámara de Cuentas; pero no con cualquiera, sino con una que realmente inspeccione, audite y sancione.
Recientemente el Congreso, a través de la Cámara de Diputados, inició el proceso de selección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, cumpliendo con el mandato que establece la Constitución. La elección de una nueva Cámara de Cuentas, se constituye en una excelente oportunidad para el fortalecimiento de este órgano de control externo y la creación de las condiciones para que pueda operar con eficiencia, pero sobre todo, con la autonomía e independencia que le deben caracterizar.
Los diputados, encargados de escoger las ternas entre los cientos de candidaturas que han recibido, deberán tomar su trabajo muy en serio y seleccionar a las mujeres y los hombres mejor calificados. Esto implicará que renuncien a la tradicional práctica de repartición interpartidaria de cargos. Lo propio deberá hacer el Senado. Solo de esta manera se logrará la conformación de una institución que cumpla con la Constitución y la ley núm. 10-04, en lo relativo a su responsabilidad de control y fiscalización del patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos.
Los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas tienen importantes retos por delante, entre los que se encuentran el de mejorar la comunicación y coordinación con el Congreso en la labor de seguimiento, análisis y evaluación de la ejecución presupuestaria de las distintas instituciones estatales, contribuyendo de esta manera con el rol de fiscalización que tienen que desempeñar. Por otro lado, se requiere de mayores avances en la estructuración y puesta en funcionamiento de la oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios y la implementación de la ley 311-14.
Otra tarea pendiente es la puesta en vigencia del sistema nacional de control y el fortalecimiento de las acciones orientadas a contribuir con el Control Social. Es necesario auditar a la mayor cantidad de instituciones públicas posibles, sobre todo las que mayor cantidad de recursos manejan. Para el logro de todo esto, es esencial dar el importante paso de integrar una Cámara de Cuentas con profesionales capaces, honestos e independientes; luego hablamos de presupuesto.
