La Constitución es clarísima. Los legisladores deben conformar el Congreso para legislar, fiscalizar y representar a cada uno de los integrantes del pueblo dominicano.
Pero en la realidad, en la práctica, el mandato del artículo 93 de la Carta Magna se irrespeta con alta frecuencia, colocando grandes sombras sobre el sistema democrático dominicano, sin reacciones reivindicativas dignas de reseña.
Como ocurría cuando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) era predominante, ahora el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) utiliza la fuerza absoluta que tiene en el Senado (31 de 32 senadores), y la ventaja de la Cámara de Diputados (con los aliados suma 110 de las 190 curules) para imponer los temas que coinciden con su agenda política; hacer caso omiso a la función fiscalizadora; y usar tretas reglamentarias para que las prácticas clientelistas del Congreso pasen como actos de representación correctísimos e institucionales. Todo esto en contubernio con muchos miembros de las bancadas opositoras. Los casos específicos abundan.
Hasta finales del 2012, los legisladores oficialistas aplastaron las voces del movimiento social que reclamaba la asignación presupuestaria que por ley corresponde al sector educativo (4% del producto interno bruto), de la misma forma en que también ignoraron a los diversos sectores populares que rechazaban la reforma fiscal recién aplicada.
En esos momentos, en los hemiciclos de cada cámara varios congresistas del PLD tenían visiones distintas a las de su partido. Pero ni siquiera la presentaron porque la “línea” política está por encima de los intereses de los votantes, situación que contradice de raíz los mandatos constitucionales.
Además de ser restrictiva de los derechos y deberes de los diputados y senadores, las órdenes legislativas dictadas por las entidades políticas hegemónicas son circunstanciales, divorciadas por completo de un plan de nación que supere la coyuntura.
El PLD no tiene una visión del sistema educativo definida, como tampoco tiene una propuesta de salud, o de transporte (de la Estrategia Nacional de Desarrollo se saltaron el consenso fiscal).
Al igual que el PRD y el PRSC, sus congresistas asumen el discurso que emane del Comité Político. Quienes intentan desobedecer se encuentran con las sanciones sugeridas por voces como las de Reinaldo Pared Pérez.
Al presidente del Senado se le ha visto haciendo pausas en las sesiones de trabajo para recordar a sus compañeros que él es el Secretario General del PLD, portavoz indiscutible de los lineamientos morados dirigidos al Congreso.
Quien lo desobedece en la cámara alta, aunque ejerza el derecho y el deber de la representación popular, sabe que está apartándose de la maquinaria política que ha ganado las últimas tres contiendas presidenciales, tiene la supremacía del Legislativo, y designó a varios de sus cercanos colaboradores en las altas cortes del Poder Judicial.
Fiscalización
La fiscalización es una función fundamental del Congreso. Pero como la mayoría de sus integrantes pertenecen a la fila del oficialismo, es una función dormida. En los medios informativos los escándalos de corrupción del pasado Gobierno se reproducían constantemente; no así las convocatorias de la Cámara de Diputados para someter a juicio político a los funcionarios sindicados como corruptos.
En el Senado más de un legislador ha mostrado en público su pesar por la falta de controles y sanciones. En el 2012, el senador José Rafael Vargas, en medio de una reunión de comisión, llegó a retar sus compañeros de bancada para que le enumeraran los altos funcionarios que podían sacarse del grupo de los corruptos. Julio César Valentín comenzó la enumeración, pero no la pudo extender lo suficiente como para quitar el sentimiento de pesadez que había en el ambiente. l
