Los presidentes de las cámaras del Congreso aprovechan cada cierre de legislatura para reportar, la “gran” cantidad de proyectos aprobados bajo su gestión.
Pero silencian el largo estancamiento que se registra en piezas trascendentales para la sociedad dominicana, como las que modifican los códigos Penal, Procesal Penal y Civil (este último lleva 15 años en discusión), o aquellas que cambiarían las regulaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y el sistema de partidos políticos.
El diputado del Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor (Ito) Bisonó, no termina de comprender las razones que mantienen a la nueva Ley de Armas “engavetada” en el Senado.
El mismo sentimiento expresa el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Henry Merán cuando se refiere a la propuesta de modificaciones al Código del Menor.
También fluyen a cuentagotas los documentos que deben materializar aspectos importantes de la nueva Carta Magna, vigente desde enero de 2010. Es el caso de la terna que a la Cámara de Diputados le toca presentar al Senado para la escogencia del Defensor del Pueblo (orden del artículo 190 de la Constitución). Según el diputado Teodoro Ursino Reyes, la lista de aspirantes y suplentes está hecha desde marzo del 2011, pero la Comisión Coordinadora que preside Abel Martínez nunca la ha incluido en la agenda. De eso “no opino”, dice el presidente de los diputados sobre el tema.
El Defensor del Pueblo sería una autoridad con facultad para “salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos difusos establecidos en la Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos”. Es decir, podría operar como un fiscalizador del mismo Congreso y de otras entidades.
Tampoco han sido aprobadas la Ley de Iniciativo Popular Legislativo, la Ley del Consejo Económico y Social, la iniciativa que cambia la Ley de Cámara de Cuentas, ni la ley que, de acuerdo al artículo constitucional 144, describe el régimen de compensación de todos los órganos del Estado, léase la Ley de Salarios del Sector Público, observada por el expresidente Leonel Fernández horas antes de entregar las riendas del Poder Ejecutivo a Danilo Medina. Gravita en el mismo limbo la ley que regula los juicios políticos emprendidos por el Senado.
En estos momentos las dos alas del Congreso protagonizan un enfrentamiento de diputados y senadores que se acusan mutuamente de engavetar proyectos. Los diputados, especialmente los del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), acusan a sus compañeros de militancia política de hacer caso omiso a las iniciativas emanadas de la cámara.
Los presidentes del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y la Cámara de Diputados, Abel Martínez, se reunirán mañana martes con los voceros de los bloques, a fin de detener el conflicto. Mientras esto ocurre, en el Congreso hay más legislaciones estancadas.
La Ley de Partidos Políticos está dormida
Durante décadas la sociedad civil ha reclamado un nuevo marco jurídico que mejore la regulación de los partidos y demás organizaciones políticas. En la pasada campaña, donde se levantaron cientos de denuncias contra el bipartidismo y el uso de los recursos públicos a favor del hoy presidente Danilo Medina, también se pidió una nueva Ley de Partidos. En estos momentos la diputada Karen Ricardo, del PLD, encabeza una comisión bicameral que estudia este otro proyecto dormido.
También duermen en las gavetas de los presidentes de las cámaras legislativas los proyectos de Hábeas Data, Derecho Penitenciario, Ley de Aguas, y el proyecto que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público, entre otras iniciativas legales.
