En el 2012, el Congreso Nacional siguió la agenda de los intereses electorales y poselectorales relacionados con la elección del nuevo Presidente de la República. Desde principio de año, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) usó el poder absoluto que tiene en el Senado, y la fuerte mayoría de la Cámara de Diputados, para respaldar sin miramientos las últimas iniciativas del gobierno de Leonel Fernández Reyna, mientras éste encabezaba una intensa carrera de inauguraciones y actos propagandísticos en apoyo al candidato de su partido.
Al mismo tiempo, las fuerzas opositoras, con el fragmentado Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en primera fila, se limitaban a denunciar en la casa del Poder Legislativo el “uso de recursos públicos” en la campaña oficialista de Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández.
Los “dimes y diretes” bajaron la intensidad sólo después del primer trimestre, cuando legisladores de las principales bancadas acordaron realizar una especie de receso colectivo en sus funciones (de unos 50 días) para dedicarse por completo a las actividades proselitistas de sus comunidades.
En el caso de los diputados, la mayoría se fue a las provincias a alimentar el clientelismo con los recursos presupuestarios de la cámara. El presidente del hemiciclo, Abel Martínez, aprobó el desembolso de RD$136.6 millones para rifar o regalar artículos domésticos por el Día de las Madres.
Como la fecha de la festividad era posterior a las elecciones del 20 de mayo, los diputados y diputadas adelantaron dos semanas a sus actos de repartición.
Y así pudieron sacar el mayor provecho a los regalos entregados a las votantes más pobres de sus demarcaciones. Análisis posteriores de elCaribe revelan que en los últimos días de la campaña la ejecución presupuestaria de la Cámara Baja se disparó por encima del 63%.
Después de mayo
Como la contienda electoral fue tan intensa, y tan cargada de actividades políticas, la Iglesia católica y las organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Poder Legislativo la aprobación definitiva de una nueva Ley de Partidos que ayude a frenar los abusos de poder y los desórdenes del sistema. Pero esa ley todavía se mueve a pasos de tortuga en los corredores de las cámaras, como también lo hacen los proyectos de Código Civil, Código Penal y Código Procesal Penal. Hasta el Defensor del Pueblo, que es una figura contemplada en la Constitución del 26 de enero del 2010, todavía está pendiente de conocimiento.
Ya en junio, pasadas las caudalosas corrientes de las elecciones, el Senado y la cámara comenzaron a debatir el proyecto que tanto habían anunciado los técnicos del PRD en la campaña: el presupuesto complementario de Leonel Fernández, por RD$71,311 millones. Para la ocasión pudieron observarse importantes diferencias entre legisladores danilistas y leonelistas.
Los primeros no sólo pidieron explicaciones sobre la solicitud de US$500 millones al entonces vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini, sino que tumbaron el permiso que Fernández quería para financiar 15 grandes obras antes de irse del Ejecutivo. El complementario fue aprobado en julio, y para entonces el mandatario electo y su equipo trataban de conseguir que sus congresistas refrendaran sin contratiempos un nuevo marco de regulación salarial del Estado.
En el Senado la Ley de Salarios no enfrentó una resistencia importante, pero algunos diputados oficialistas hicieron objeciones, porque sectores como la bancada del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), no querían que la nueva normativa afectara a sus miembros.
El presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, tuvo que recordar a sus compañeros que la Ley de Salarios era una pieza de su autoría y de primera importancia para el gobierno entrante. Las dos cámaras la aprobaron y Danilo Medina estaba dispuesto a aplicarla a partir del 16 de agosto. Pero Leonel Fernández la observó horas antes del traspaso de mando, poniendo punto final al debate.
El nuevo gobierno
Juramentado y sentado Medina en la silla presidencial, en el Congreso se redujeron las tensiones políticas. Mientras el Ejecutivo preparaba con sigilo su propuesta de reforma fiscal, los diputados y senadores ocuparon el mes de septiembre acusándose mutuamente de plagiar y engavetar iniciativas legislativas. La incomodidad por el “plagio” fue tal que los dos presidentes de las cámaras se constituyeron en comisión en el interés de reducir los ruidos y resolver el problema.
Con octubre llegaron las murmuraciones sobre el Presupuesto. Pero éste se quedó para ser conocido después de la pieza más conflictiva del año: la reforma fiscal que busca aumentar los ingresos del Estado en RD$46 mil millones.
La comisión bicameral que estudió el documento escuchó a los sectores interesados, y aplicó cambios importantes a la propuesta presentada por el equipo económico de Medina. Pero no valieron las protestas que intentaban detener por completo el paquete fiscal, que se hizo ley semanas antes de la amnistía concebida para complementarlo. Así, el Congreso Nacional, de nuevo, termina una jornada de doce meses plegado a los intereses del PLD y del Poder Ejecutivo.
Reforma Fiscal y otras medidas
El Partido de la Liberación Dominicana mantiene desde hace varios años el control de ambas cámaras legislativas. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el PLD tiene mayoría, por lo que pueden aprobar cualquier iniciativa con facilidad.
Tras la asunción al poder de Danilo Medina, el Congreso Nacional se concentró en el conocimiento y aprobación de la nueva reforma fiscal, así como de una ley de amnistía y de financiamiento tanto para los cabildos para pagar el doble sueldo de Navidad, como para el Gobierno desarrollar planes sociales. Ahora está pendiente, antes de finalizar el año, la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos de 2013, que asciende a alrededor de RD$516 mil millones, incluyendo la amortización de la deuda externa.
Otras iniciativas, como los proyectos de leyes de reforma de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como la revisión de los códigos Penal y Procesal Penal, se unen a la ley de partidos políticos y a la observada ley de regulación salarial del Estado, para formar parte de la cantidad de iniciativas que tanto la Cámara como el Senado mantienen engavetadas y bajo estudios que no terminan de ser llevados al hemiciclo para su aprobación.
