Existe entre nosotros la errada creencia de que las estrategias de comunicación sólo son necesidades de las grandes corporaciones privadas y que los gobiernos se bastan por sí solo. Más que las empresas, los gobiernos requieren del auxilio de las relaciones públicas para lidiar con el reto que representa su trato con el público, en el ambiente rico en información propio de las sociedades democráticas.
Lo primero que debe asegurar toda política de comunicación gubernamental bien concebida, es el derecho del pueblo a estar bien informado de cuanto hace o no hace el Gobierno. Esta es la regla básica para garantizar una relación armoniosa y de mutua confianza entre la prensa y el Gobierno.
En el manejo de la comunicación, los principios básicos aplican para cualquier país, sin importar el papel que juegue en la comunidad internacional o el nivel de práctica democrática existente. Los gobiernos que han sido exitosos en el campo democrático son aquellos que han logrado mantener diálogos fructíferos con la población. La importancia de este diálogo no se mide en función del tamaño de la nación, pues resulta igual de importante para países grandes como Estados Unidos o pequeños como la República Dominicana.
Equivocadamente se ha pensado que un buen y efectivo diálogo consiste únicamente en el trato o en la aparición frecuente de un Presidente o de sus principales colaboradores con el público o con la prensa. La experiencia demuestra que ese criterio se basa en concepciones erradas de lo que es una buena comunicación con el público.
De ahí, los pobres resultados que administraciones pasadas, la de Fernández como la de Mejía, obtuvieron en sus esfuerzos por mejorar sus mecanismos de comunicación y diálogo con el pueblo. Debido a estas fallas en la comunicación, a esos y a otros gobiernos les resultó muy difícil convencer al país de la necesidad de acciones dramáticas ante situaciones de crisis.
