Mientras el Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) acusó a la directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Laura Hernández, de estar “obstinada” en destruir el ejercicio del derecho privado, Finjus entiende que a esa entidad hay que felicitarla.El director del gremio que agrupa a los abogados, Miguel Surún Hernández, aseguró que el 50% de los casos que siguen los defensores públicos son de personas adineradas que pueden pagar un proceso penal. De ejemplo solo mencionó tres, uno de ellos el de los Tucanos. “Verdaderamente, por lo menos el 50% de los clientes actuales de la Defensa Pública son (de) gente de escasos recursos y no nos quejamos por eso. Ahora, el restante 50% que ella, la directora, denomina como minoría está conformada por gente de mucho dinero, gente sicópata, gente muy cuestionable que puede perfectamente pagar su abogado”, dijo Surún en respuesta a una entrevista que dio Laura Hernández publicada ayer en elCaribe, en la que ella aseguraba que la mayor parte de sus usuarios son pobres. Hernández contó que el 70% de los casos penales en el país son atendidos por defensores públicos, que solo son 300 abogados.
“Entonces, la Defensa Pública lleva más de un 70% de los casos penales en República Dominicana y nosotros agregamos que ese 70% se debe fundamentalmente al sistema de privilegios que ha permitido competir de manera desleal con abogados a nivel nacional”, atacó Surún. Además mencionó como una ventaja que alimenta ese “monopolio” las visitas de defensores públicos a los destacamentos para “quitarle los clientes” a los colegas privados.
Sin embargo, para el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, lo que describió Laura Hernández viene a ser una muestra de las precariedades de un sistema judicial que funciona con la mitad de los jueces que necesita y que también carece de fiscales suficientes. “La Defensa Pública lo que hay es que alentarla y felicitarla, porque si ves… son pocos los defensores y evidentemente ciento y pico de casos que llevan. Hay que tener vocación de martirio por el cúmulo de trabajo asignado”, resaltó. Y subrayó que en la Defensa Pública los niveles de escándalo han sido muy escasos, si es que han existido.
“El cúmulo de trabajo que tienen nuestros defensores, eso parecería un acto de crueldad… y lo bien que lo hacen porque también el trabajo de la Defensa no se ha sabido valorar, no ha sido interpretado de manera correcta”, dijo Castaños, aludiendo a que estos abogados no andan “alegremente” buscando casos, sino que los jueces los asignan cuando un imputado no tiene defensa, a fin de preservar un derecho. Castaños dijo que por falta de presupuesto, la Defensa Pública ha dejado de abrir nueve oficinas en el país, lo que trae atrasos en los procesos.
Durante la entrevista a Laura Hernández, ella comentó que los abogados privados muchas veces abandonan a sus clientes por falta de dinero. A eso Surún respondió que en lo que CARD se ha caracterizado es en la “dureza en materia disciplinaria” y que ha invitado a Hernández a crear juntos un sistema de vigilancia, a lo que supuestamente ella se ha negado. Pero Finjus dijo que con ese dato que da la funcionaria, el CARD debería de investigar qué pasó ahí, “porque para eso son los colegios de abogados”.
“Defensores son tratados como colegas de trabajo”
Entre los privilegios de los defensores públicos que mencionó Surún Hernández están el acceso ilimitado a expedientes, elementos probatorios, cárceles, jueces y fiscales. También mencionó como una gracia que los actores del sistema judicial ven a los defensores públicos como compañeros de trabajo. “Cuando un defensor privado le han negado siete veces una libertad condicional, va el defensor público ante el Ministerio Público e inmediatamente se la dan (la libertad)”, dice Surún, alegando esa “obra de buena voluntad” entre colegas.
