El presidente de la República acaba de disponer la creación de una comisión para que se encargue de hacer consultas y diseñar una reforma del Código de Trabajo, una demanda que han estado haciendo desde hace varios años los representantes de la clase patronal, no así los de la clase trabajadora.
En principio la iniciativa es correcta, pues es posible que existan aspectos de ese instrumento legal que deben ser modificados para adaptarlos a los cambios que vive el mundo empresarial y laboral, tanto en el país como en el ámbito internacional. Sin embargo, es necesario que el gobierno del presidente Danilo Medina, caracterizado por su sensibilidad social, sea cauteloso a la hora de promoner una reforma del Código de Trabajo, ya que se trata de una legislación que actualmente ofrece favorables garantías a la clase laboral, y su modificación, por más que se diga, implicará limitaciones de esas garantías.
Una primera señal ya comenzó a generar quejas de los sindicatos que representan a la clase laboral. La comisión está integrada por expertos en derecho y economía laboral, pero llama la atención que no se incluyera, por ejemplo, al exvicepresidente Rafael Alburquerque, coautor del actual Código y uno de los hombres que más conoce sobre derecho laboral en este país.
De todas formas, está la garantía de que bajo la coordinación de un funcionario de la calidad profesional y humana del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, hombre de confianza del Presidente, de seguro que se impondrán los criterios de objetividad y los mejores deseos de que las modificaciones a proponer sean en procura de motivar una mayor generación de empleos a nivel nacional.
La clase trabajadora y la sociedad en general, deben estar pendientes y dar seguimiento a las consultas que ha de realizar esta comisión, y mucho más a la propuesta que saldrá dentro de los cuatro meses de plazo que dio el mandatario en el decreto 286-13 para presentar el proyecto de modificación.
