En la toma de posesión Danilo Medina propuso crear una Oficina de Registro Inmobiliario con un plan de titulación de inmuebles como prioridad nacional. ¡¡Como si eso no existiera ya¡¡. Que lo haya dicho en ese escenario parece una declaración formal de verdadero interés; pero el problema sólo se solucionará cuando quienes dirigen no sólo piensen en ellos mismos.
La ley 108-05 de registro inmobiliario trató de establecer un orden en la jurisdicción de Tierras. La legislación anterior tocó fondo, y no servía para el desarrollo nacional. Se hizo un gran trabajo en el programa de modernización de la jurisdicción de tierras, PMJT; pero los intereses económicos y políticos no han permitido que la nueva Ley, ni el PMJT funcionen como se tenía previsto.
El expresidente Fernández sometió, apenas tres meses después de haber promulgado esa ley, un proyecto de modificación para volver todo a la situación anterior; ¿sus motivaciones? Estas: “Suscribí la promulgación con el propósito de satisfacer el interés público recogido en el proyecto de reforma que en su oportunidad patrociné al propósito de dotar a la sociedad dominicana de mecanismos que garanticen y protejan los derechos inmobiliarios. Es decir, si no hice uso en su oportunidad de las facultades organizadas en la Constitución para vetarla fue para preservar los avances sustanciales que la nueva ley incorporaba”. El Presidente promulgó una ley que, según sus palabras, era del interés público y que era un avance sustancial; pero tres meses después envía un proyecto de modificación de la misma ley para volver al mismo estado de cosas en que estábamos y que el interés público quería cambiar. Lo típico de un político que una solución la convierte en un problema.
¿Qué se busca? El control total de tres de los cuatro organismos que conforman la nueva organización jurisdiccional: el Abogado del Estado que con la nueva ley estaría en la Comisión Inmobiliaria, la Dirección Nacional de Registro de Títulos, y la Dirección Nacional de Mensuras y Catastro, o sea controlar quién mide, quién registra, quién cobra impuestos, y quién da la Fuerza Pública.
Uno de los principales agentes en el desorden inmobiliario siempre ha sido el Abogado del Estado, que permite invasiones de terrenos y otorga la fuerza pública en función de sus intereses políticos y económicos, y los de sus jefes.
Cuando hay un escándalo de fraude inmobiliario es una combinación de militares, policías, políticos y gente en el Tribunal de Tierras. La seguridad jurídica, sobre todo en un tema tan importante como la propiedad inmobiliaria, debe ser prioridad nacional, ya que el desarrollo del país está en juego, y sin seguridad jurídica no hay juego limpio.
